La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha remitido este lunes al Congreso de los Diputados la propuesta para que en la tramitación de la ley de amnistía se incluya el reingreso de los guardias civiles expulsados por defender el derecho fundamental de asociación, en su vertiente de asociación profesional en 2021.
La rehabilitación de los compañeros que fueron expulsados del Cuerpo por iniciar el camino en la defensa de los derechos de los agentes es uno de los asuntos pendientes por los que AUGC lleva años luchando. Se trata, según la asociación, de una anomalía democrática por la que se sigue peleando y trabajando, por un reconocimiento merecido y por la dignificación de las condiciones de readmisión para el sargento primero José Morata, el cabo primero Manuel Rosa o el guardia civil José Carlos Piñeiro, tres de los socios fundadores de la AUGC, así como del agente represaliado Alejandro Álvarez Borja y el resto de compañeros.
Es por lo que ahora la asociación quiere hacer llegar a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados una propuesta de enmienda para incluir en la proposición de ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña que permita la rehabilitación de diversas penas y sanciones que sufrieron guardias civiles por llevar a cabo acciones de promoción y defensa de los intereses de naturaleza profesional en un ámbito distinto al derecho de asociación profesional.
En dicha propuesta de enmienda piden que los antiguos guardias civiles queden rehabilitados de las sanciones de separación del servicio los militares de carrera de la Guardia Civil que fueron sancionados con anterioridad al 31 de octubre de 2001, tras la tramitación de los expedientes gubernativos números 4/89, 32/93, 47/93 y 48/93, que tenían entre sus causas de incoación la recogida en el apartado 3 del artículo 59 de la Ley Orgánica 12/1985, de 27 de noviembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, por llevar a cabo acciones de promoción y defensa de intereses de naturaleza profesional, en un ámbito distinto al del derecho de asociación profesional.
En segundo lugar, la rehabilitación de las referidas sanciones de separación del servicio se realizará a instancia de los mencionados en el apartado 1 o sus causaha-bientes, en un plazo máximo de dos meses desde la entrada en vigor de la norma, con reconocimiento del empleo que les hubiera correspondido por antigüedad. El tiempo de separación del servicio les será computado a todos los efectos, con excepción de lapercepción de haberes. No obstante, se procederá a actualizar las pensiones que se vieran afectadas por este reconocimiento de servicios.
Y por último, los guardias civiles, a los que se refiere la presente disposición, pasarán a retiro en el caso que por edad les correspondiera el pase a otra situación administrativa prevista en la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen de Personal de la Guardia Civil.
El reconocimiento del derecho de asociación profesional como derecho fundamental se produjo a través de la Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil.
Sin embargo, en dicha ley orgánica no se recogió la posibilidad de que aquellos guardias civiles que fueron los precursores del reconocimiento y ejercicio de este derecho fundamental pudieran tener un merecido reconocimiento y se articularan los mecanismos legislativos necesarios para ser rehabilitados y resarcidos por las consecuencias penales y disciplinarias y de otros tipos que su actividad les supuso.
Por ello, y conociendo lo que se concluye en el informe emitido por la secretaria general del Congreso de los Diputados, de fecha 5 de marzo de 2018, en relación con iniciativas anteriores, la AUGC considera que es ahora, a través de dicha proposición de ley orgánica, donde tiene encaje esta propuesta que resolvería esta deuda histórica con los guardias civiles promotores del derecho de asociación profesional de los guardias civiles.
Y a mi que me paguen mis atrasos (los mentales no, los otros) y que la banca nos devuelva los 65.000 millones que nos debe... Pero al que mató a Manolete no, a ese ni agua.