Mucho han dado de qué hablar las declaraciones del comandante de la Guardia Civil Lobo Espinosa, quien indicó a comienzos de mayo, tras reunirse con el delegado del Gobierno, que en base al acuerdo hispano marroquí de 1992 los inmigrantes que sean interceptados entrando en Melilla de manera irregular pueden ser devueltos al país vecino sin realizar ningún tipo de gestión administrativa, pero cumpliendo ciertos requisitos lógicos. Estas manifestaciones generaron dudas en la Asociación Unificada de Guardia Civil (AUGC) de Melilla, que el pasado 16 de mayo decidió presentar ante la Jefatura de Comandancia un escrito reclamando la creación de un protocolo de actuación para las entradas irregulares de inmigrantes, haciendo especial hincapié en las que se producen a través del vallado fronterizo.
En la petición del asociación del instituto armado se subraya que el protocolo serviría “para conciliar el interés de la integridad de la frontera con el desarrollo de los servicios que presta la Benemérita”.
La misiva recoge un gran número de supuestos y en cada uno de ellos pregunta cómo deben proceder los agentes. Por ejemplo, plantea dudas sobre qué hacer cuando los inmigrantes que intentan entrar en Melilla se encuentran en el espacio intermedio que existe entre la valla fronteriza de Marruecos y la de España.
Asimismo, hacen la misma pregunta para el caso en el que los inmigrantes hayan saltado ambas vallas y para cuando, una vez en territorio español, se encuentre fuera del perímetro de seguridad de la frontera.
Por mar y tierra
Aunque es el vallado el que provoca más dudas, también se recogen situaciones sobre posibles entradas por vía marítima. Así pues, se cuestiona cómo proceder en caso de que el inmigrantes se encuentre fuera de la bocana del puerto comercial, dentro de la misma o halla conseguido poner pie en territorio español tras desembarcar de la patera.
Por otro lado, están los supuestos en los que el inmigrante puede incurrir en un delito o falta penal a causa de que se enfrente a los agentes u ofrezca algún tipo de resistencia activa a ser detenido durante su entrada ilegal a territorio español. En la misma línea, pregunta qué hacer si el inmigrante trasgrede el perímetro inmediatamente después de haber cometido un delito en territorio marroquí.
Por último, la AUGC señala en su escrito que sería conveniente concretar si existe una aplicación en materia de riesgos laborales específica para estas situaciones. En caso afirmativo, se sugiere que se lleve a cabo una exposición de la misma.
Tres meses para la respuesta
Por último, insisten en que su propuesta tiene como objetivo mejorar el servicio que los agentes del instituto armado prestan en la frontera.
El escrito fue presentado el pasado 16 de mayo a la plana mayor de la Comandancia de Melilla. El plazo máximo de tiempo para emitir una respuesta es de tres meses, según detallaron ayer dirigentes de la AUGC a El Faro. Así pues, su sugerencia debería tener contestación a mediados de mayo, a más tardar. Por último lado, desde la asociación recalcaron que están meditando elevar esta petición al Consejo de la Guardia Civil
Hay que recordar que el artículo 14 del tratado firmado por ambos países en 1992 y ratificado hace poco por Marruecos abre la puerta a que se establezcan puntos para devolver a Marruecos a aquellos inmigrantes que hayan entrado irregularmente a territorio nacional, tanto por vía marítima como saltando la valla.
El principal requisito para que estas devoluciones se produzcan es demostrar que el inmigrante en cuestión ha llegado a territorio español procedente de Marruecos, algo que en el caso específico de Melilla ocurre en todas las ocasiones. No obstante, el tratado subraya que deben existir pruebas de que la entrada ilegal se produce desde el país vecino.
Tras haber ratificado Marruecos el acuerdo y haber procedido a su publicación en medios oficiales, España espera que acepte la devolución de todos los inmigrantes que llegan ilegalmente a la ciudad autónoma, siempre según lo que afirmó el comandante Lobo Espinosa.
No obstante, la Ley de Extranjería indica que, una vez en suelo español, los inmigrantes deben ser identificados para la apertura de un expediente de expulsión y trasladados al CETI. Ante dicha contradicción, la AUGC reclama que se especifíque cómo actuar en estos supuestos.
En la misiva presentada ante la Comandancia, la AUGC también reclama una aclaración sobre cómo actuar en caso de que en las inmediaciones del vallado fronterizo haya particulares mientras se está produciendo una entrada irregular de inmigrantes, tanto en el supuesto de que sean “ciudadanos sin más”, como de integrantes de asociaciones humanitarias y de medios de comunicación de la ciudad.
En lo referente a este último grupo, demandan una explicación sobre qué hacer en caso de que los periodistas estén grabando como se desarrolla la entrada de inmigrantes.
No es la primera vez que desde la AUGC se señala que mientras se estaba produciendo una entrada ilegal había en los aledaños de la valla medios de comunicación o integrantes de ONGs de Melilla.
