La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha presentado diez reivindicaciones dirigidas a los partidos que concurren a las elecciones generales del 29 de noviembre, con el objetivo de que las incorporen a sus programas electorales. Lo hace a través de Sin Colores, una revista publicada este mes de octubre en la que la asociación asegura que no pide el voto para nadie, sino que, “gobierne quien gobierne, estas diez deudas se paguen en la próxima legislatura”.
La organización plantea los mismos compromisos a todas las formaciones y recuerda a cada una lo que prometió en su último programa.
La primera demanda es la jubilación. AUGC reclama que se firme y se publique en el BOE el acuerdo de la Mesa Técnica tal como estaba el 22 de septiembre, que contemplaba un coeficiente reductor de 0,20 por año de servicio. También pide reconocer por ley la profesión de riesgo y, si no se aprueba antes de las elecciones, hacerlo en los cien primeros días de la legislatura.
Según la asociación, la diferencia media de pensión con las policías autonómicas ronda los 700 euros al mes. La revista recuerda que el Tribunal Supremo declaró en 2025 que esa diferencia vulnera el derecho a la igualdad y que la negociación quedó sin cerrar con la disolución de las Cortes, el 5 de octubre.
En segundo lugar, AUGC exige el cumplimiento íntegro del Acuerdo de Equiparación Salarial de 2018. Sus 807 millones se abonaron entre 2018 y 2020, pero siguen pendientes dos cláusulas: la tercera, dotada con 300 millones, y la octava, que prevé una ley para impedir nuevas diferencias entre cuerpos con las mismas funciones. La asociación sitúa hoy esa brecha por encima de los 10.000 euros anuales.
La tercera reivindicación es la jornada de 35 horas semanales, que la Administración General del Estado aplica desde abril y que Defensa extendió a los militares el 10 de octubre. La Guardia Civil sigue en 37,5 horas. En protesta por este bloqueo, AUGC y JUCIL abandonaron el 14 de octubre el Pleno del Consejo de la Guardia Civil.
El pliego incluye además el turno 6x6, ya vigente en la Policía Nacional; un despliegue territorial modernizado sin cierre de cuarteles; una oferta mínima de 5.000 plazas anuales, y un plan contra el narcotráfico con una unidad permanente, más medios para el Servicio Marítimo y la declaración de la Zona de Especial Singularidad.
Completan la lista los acuerdos vinculantes y el derecho de “sindicación responsable”, la limitación del Código Penal Militar al conflicto armado, estado de sitio o misiones militares, y una provisión de destinos basada en el concurso de méritos.
La asociación sostiene que ninguna de estas propuestas divide a los partidos y que se trata de “cuestiones de justicia, no de ideología”.
