La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado públicamente que el Partido Socialista habría tratado de impedir que la misión del Parlamento Europeo que visitará próximamente el Estrecho de Gibraltar se reúna con las viudas de los agentes Miguel Ángel y David, asesinados en acto de servicio en Barbate el pasado 9 de febrero. Ante esta situación, la organización ha remitido un escrito formal a la delegación socialista en la Eurocámara exigiendo explicaciones inmediatas por lo que califican como un intento de veto “incomprensible e insensible”.
Según detalla la AUGC, el objetivo de dicha misión europea es evaluar sobre el terreno el impacto del narcotráfico y las duras condiciones a las que se enfrentan los agentes destinados en una de las zonas más peligrosas del país. En este contexto, consideran que el testimonio de las familias de las víctimas representa “el lado más trágico y humano” de esta realidad, por lo que excluirlas de la agenda parlamentaria supondría un claro acto de desprecio.
“Negarse a escuchar a las familias y obstaculizar que los europarlamentarios conozcan de primera mano el dolor que deja el narcotráfico es una falta de respeto a la memoria de nuestros compañeros y a sus seres queridos”, lamentan desde la asociación.
La indignación en el cuerpo sigue latente desde aquel fatídico 9 de febrero, cuando los guardias civiles perdieron la vida en el puerto de Barbate tras ser embestidos por una narcolancha. Un suceso que sacudió a las fuerzas de seguridad y que se convirtió en símbolo de la lucha desigual que muchos agentes denuncian desde hace años: escasez de medios, desprotección institucional y creciente violencia de las mafias que operan en la zona.
En este contexto, la AUGC también ha solicitado mantener un encuentro directo con los eurodiputados que se desplazarán a la zona. Su intención es trasladarles una visión completa de la situación que vive el cuerpo en el Campo de Gibraltar y proponer mejoras urgentes en materia de seguridad, dotación de recursos y condiciones laborales.
La asociación, mayoritaria en el seno de la Guardia Civil y con representación en todo el país, ha recordado que lleva décadas denunciando la precariedad con la que los agentes hacen frente al narcotráfico, muchas veces con medios obsoletos o insuficientes. “Este tipo de gestos, como tratar de silenciar a las familias, no hacen más que aumentar la desconfianza hacia las instituciones”, señalan.
Desde la organización reclaman una respuesta urgente y clara por parte del PSOE para que aclare los motivos que habrían llevado a bloquear esa reunión, si bien no se ha hecho público por el momento ningún posicionamiento oficial por parte del partido.
La AUGC, fundada en la transición democrática como un sindicato clandestino, recuerda que su labor se ha centrado siempre en la defensa de los derechos de los agentes y en la modernización del cuerpo. En 2010 recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos concedido por la Asociación Pro Derechos Humanos de España, lo que refuerza su compromiso con la transparencia y la dignidad institucional.
La polémica sobre este supuesto intento de veto añade tensión al debate abierto en torno al papel de las instituciones frente a la violencia del narcotráfico y el abandono que denuncian los cuerpos de seguridad. En este sentido, la visita de la comisión europea adquiere un valor simbólico y político que va más allá del análisis técnico: se trata también de escuchar a quienes sufren las consecuencias más dolorosas.
El asesinato de los dos guardias civiles produjo una gran consternación en toda España por la desigualdad de los medios y porque, además, se denunció que el mando ordenó intervenir en una situación de muy mala mar y a sabiendas de que podía haber consecuencias fatales para los subordinados.
