La Asociación Pro Derechos Humanos de Melilla se congratula por el cambio de nombre de la Bandera "Comandante Franco"

La Asociación Pro Derechos Humanos de Melilla se ha congratulado por la reciente sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional que confirma la resolución del Ministerio de Defensa cambiando el nombre de “Bandera Comandante Franco” a “Bandera de España”, en cumplimiento de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática.

La satisfacción se explica toda vez que la petición al Ministerio para lograr el cambio de denominación de dicha Bandera fue realizada por esta asociación.

Y es que tal y como afirman, las sociedades deben realzar a las personas que destacan por defender los valores de hombres y mujeres, a la vez que deben negar cualquier tipo de reconocimiento público a aquellos que atenten contra esos valores.

"España es un Estado social y democrático de Derecho, motivo por el cual no puede ser referente ni reconocérsele mérito alguno, en cualquier ámbito, a quien instauró en España, mediante un golpe de Estado fallido y posterior guerra civil, un régimen de opresión, criminal, cuyas señas de identidad fueron la violencia contra la población y el robo de bienes, tanto públicos como privados".

La Asociación Pro Derechos Humanos de Melilla sentencia que el dictador "que sólo respondía ante Dios y ante la Historia", acaba por responder solamente ante la historia con estas medidas.

Audiencia Nacional

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional confirmó hace varios días la decisión del Ministerio de Defensa de cambiar la denominación de Bandera Comandante Franco del Tercio Gran Capitán I de la Legión por la de Bandera de España.

La sentencia consideró que esta referencia constituía una "exaltación del franquismo", por lo que su mantenimiento contraviene la legislación vigente.

El fallo judicial se dio a conocer después de que la Fundación Nacional Francisco Franco presentara un recurso solicitando la paralización del cambio de nombre y la conservación de la denominación anterior. No obstante, la Audiencia Nacional desestimó los argumentos de la entidad, al entender que la denominación aludía a una figura central del régimen dictatorial y, por tanto, no cumple con los principios de neutralidad exigidos por la Ley de Memoria Democrática.

En su razonamiento, el tribunal recordó que la ley obliga a la retirada de símbolos, nombres y elementos que supongan una exaltación del alzamiento militar, la Guerra Civil o la dictadura franquista. En este contexto, consideró adecuado que el Ministerio de Defensa haya procedido a eliminar una denominación que, según argumenta la sentencia, representa un vestigio del pasado que “no resulta compatible con los valores constitucionales actuales”.

La nueva denominación, “Bandera España”, fue propuesta por Defensa como parte del proceso de revisión de elementos simbólicos dentro de las estructuras del Ejército. Con esta medida, el departamento reafirma su compromiso con el cumplimiento normativo y con el objetivo de adaptar las referencias institucionales al marco democrático y a los principios constitucionales.

La modificación ya fue comunicada internamente en 2022, pero su aplicación definitiva se ha producido ahora, tras el respaldo judicial. Con esta resolución, Defensa completa uno de los pasos más simbólicos dentro del proceso de adecuación a la Ley de Memoria Democrática en el ámbito militar, donde aún persisten referencias a episodios y figuras del pasado que hoy resultan controvertidas.

El Tercio mantiene su operatividad y estructura intactas. El cambio afecta exclusivamente al plano simbólico, administrativo y protocolario, sin alterar la misión, el personal o las capacidades operativas de la unidad.

Desde la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios, así como desde diversos colectivos de veteranos, la decisión ha sido calificada de “afrenta” a la historia militar de España. Sostienen que el nombre de la bandera no hace alusión al Franco jefe del Estado, sino al comandante que, en 1920, ayudó a forjar el espíritu legionario. Defienden que su figura histórica, en ese contexto, debería quedar al margen de la aplicación de la ley. Además, advierten de que la retirada del nombre podría sentar un precedente para futuras modificaciones en el patrimonio militar, alterando nombres, placas y condecoraciones históricas.

Esta transformación forma parte de una serie de medidas más amplias adoptadas por el Gobierno en relación con la memoria histórica, que incluyen la resignificación de espacios públicos, el cambio de nombres de calles y la retirada de distinciones honoríficas o condecoraciones a figuras relacionadas con el régimen franquista.