La ALA recuerda que el ‘Caso Abogados’ nace de las quejas de algunos letrados y del “silencio” del Colegio Oficial. La Fiscalía del alto tribunal también considerará el recurso, una vez que reciba el auto.
Tras conocer el auto de archivo de la causa en contra del presidente de la Ciudad, Juan José Imbroda, en el ‘Caso Abogados’ seguido por un presunto delito de prevaricación administrativa, la Asociación Libre de Abogados de Melilla (ALA) está estudiando la posibilidad de recurrir la decisión del magistrado Francisco Monterde. Desde la ALA recalcaron ayer que este proceso judicial, de la que la causa contra Imbroda era una pieza separada de la investigación, nació tras las quejas de algunos abogados de la ciudad y del “silencio” por parte de los órganos que debían amparar al colectivo, es decir, el Colegio Oficial de Abogados de Melilla (Icame). Por su parte, la Fiscalía del Tribunal Supremo también considerará la posibilidad de presentar un recurso contra el auto judicial una vez le sea notificado el documento, según informaron a El Faro desde el Ministerio Fiscal.
La Asociación Libre de Abogados de Melilla lamentó ayer en un comunicado que el magistrado Monterde haya “omitido expresamente a la acusación popular”. En declaraciones a El Faro, la entidad explicó que el pasado mes de diciembre, tras conocer la elevación de la causa contra Imbroda al Supremo, presentó un escrito solicitando su personación como acusación popular.
No fue hasta dos días antes de la declaración de Imbroda en el Supremo, esto es, el 9 de marzo, cuando la misma a Sala de lo Penal del alto tribunal acordó la personación de la ALA y el Sindicato Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias en la causa como acusación popular.
“Mientras la Sala acordaba la personación, el instructor se mostraba en silencio impidiendo hacerla efectiva. Nunca se dignó a resolver nada que pudiera suponer admitir nuestra personación en la causa ni se nos ha escuchado antes de acordar el archivo”, asegura la entidad en un comunicado.
3.000 euros de fianza
Después del envío de este comunicado, la ALA recibió la contestación del magistrado Monterde sobre la personación en el proceso como acusación popular. Según explicaron desde la entidad a este diario, el magistrado impone una fianza a la ALA y a Manos Limpias de 3.000 euros cada uno para hacer efectiva la personación como acusación popular. Pero desde ALA no se explican este retraso. La decisión del magistrado data de hace dos semanas, pero no ha sido hasta ayer cuando ha recibido la notificación.
La ALA lamenta el “retraso” con que han recibido las decisiones del Supremo y la poca transparencia en el mismo procedimiento. Ahora estudiarán el contenido del auto para interponer, “si nos dejan”, un recurso de reforma y si éste es desestimado por el magistrado Monterde, el siguiente paso es la presentación de un recurso de apelación ante la misma Sala de lo Penal del Supremo, que será valorada por los cinco magistrados que la forman.
“El derecho a mostrarse parte en un proceso penal es una manifestación de la participación ciudadana en la Administración de Justicia (sentencia del TS nº79/1999) y se ha vulnerado absolutamente”, afirma ALA.
Y añade el comunicado: “La transparencia debe imperar en todos los escalafones de la Justicia y mientras que en los órganos judiciales de instrucción se ha respetado el acceso al proceso de esta asociación, corroborado así expresamente por la Audiencia Provincial de Melilla, el magistrado instructor del Tribunal Supremo ha omitido expresamente a la acusación popular”.
Por otra parte, desde la ALA aclararon que su línea de acción jurídica es independiente a la que sigue Manos Limpias. Desde la entidad melillense explicaron que el Supremo decidió que la personación como acusación popular de la ALA fuera conjunta con Manos Limpias, pero “cada uno tiene su criterio”.
En la resolución judicial, concretamente, indica que “se tiene por personado y parte, en concepto de acusación popular al Sindicato de Funcionarios Manos Limpias y a la Asociación Libre de Abogados de Melilla, con quienes se entenderán las sucesivas diligencias. Las dos acusaciones populares actuarán bajo una misma dirección y representación, que será la correspondiente al primer compareciente, Sindicato de Funcionarios Manos Limpias, salvo que, actuando de acuerdo, propongan otra solución que deberá ser aprobada por esta Sala. Se faculta al instructor para que acuerde lo procedente respecto de la fianza prevista por el artículo 280 de la LECrim”.
El “silencio” del Colegio Oficial de Abogados
En el comunicado enviado ayer por la Asociación Libre de Abogados (ALA) recordaron que los motivos por los que interpusieron hace cuatro años la denuncia que ha dado lugar al ‘Caso Abogados’ han sido “estrictamente profesionales” y “ajenos a cualquier signo político”. Afirma que responde a las “quejas constantes de letrados y el silencio de los órganos que deben ampararles, frente a acciones que entendíamos contrarias al Estado de Derecho”. Preguntado a qué órganos se refiere, la ALA afirma que en primera instancia el órgano que debe amparar a los abogados es el propio Colegio Oficial de Abogados de Melilla (Icame).
“Nuestra libertad sigue intacta”, afirma la ALA
La Asociación Libre de Abogados de Melilla (ALA) envió ayer un comunicado de prensa para aclarar su postura ante algunas corrientes que vinculan la entidad a un partido o partidos políticos. En este sentido, recalcaron que, tras el auto de archivo de la causa contra el presidente Imbroda en el Supremo por el ‘Caso Abogados’, “nuestra libertad sigue intacta, limitada únicamente por el imperio de la Ley y la Constitución sobre la que juramos en su día nuestra profesión”.
“Desde el año 2011 se viene instruyendo en el Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla un proceso judicial iniciado por la denuncia interpuesta por esta asociación. En la misma, se daba traslado de la información que aportaba un miembro de los servicios jurídicos de la Ciudad Autónoma de Melilla. Durante la causa, sus manifestaciones se han visto corroboradas por las diligencias practicadas y ha conllevado la apertura de varias piezas separadas. Los informes de la Policía Judicial (Guardia Civil), Intervención General del Estado y Ministerio Fiscal, junto con las resoluciones del juez instructor, han sido debidamente motivados y corroborados por datos objetivos. La función de la Asociación ha sido la de impulsar y apoyar la labor de la Justicia”, aclara la ALA en su nota de prensa.
“Los motivos han sido estrictamente profesionales, ajenos a cualquier signo político, como respuesta a las quejas constantes de letrados y el silencio de los órganos que deben ampararles, frente a acciones que entendíamos contrarias al Estado de Derecho que atentaban contra la libre concurrencia de todos los profesionales independientes de la abogacía a un puesto público o a un contrato con la Administración. Intentar ver cualquier motivo espurio es un ejercicio inútil”.
