El informe favorable del secretario general fue aprobado ayer en la Comisión del Estatuto del Diputado, convocada por los grupos de la oposición, PPL, CpM y PSOE.
La pasada semana los grupos de la oposición, a iniciativa de Populares en Libertad (PPL), solicitaron la convocatoria extraordinaria de la Comisión del Estatuto del Diputado para analizar si el consejero de Fomento, Miguel Marín, podría incurrir en un conflicto de intereses a causa de los negocios de los que es propietario. La comisión se reunió ayer finalmente y se aprobó, con los votos del Grupo Popular, el informe elaborado por el secretario general de la Asamblea, ratificándose así que las empresas de las que es propietario Marín no suponen un conflicto de intereses o incompatibilidad con sus funciones políticas como consejero de Fomento, Juventud y Deporte y vicepresidente primero de la Ciudad.
Sin embargo, PPL votó en contra al entender que sí existe una incompatibilidad desde el momento en el que el objeto social de las empresas de Marín contempla unas actividades inmobiliarias que le suponen un conflicto de intereses al presidir la elaboración del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), según informó el propio Julio Liarte, portavoz del PPL.
Liarte, que no admitió las explicaciones de Marín, indicó que, según sus “investigaciones” sobre este caso el consejero percibe ingresos de su sueldo público, de los dividendos de sus sociedades y, además, “de la renta de capital mobiliario en concepto de subarriendo de una entidad que recibe suculentos contratos y subvenciones sin concurrencia competitiva”, según dijo el diputado.
Liarte insistió en que las sociedades de Marín sí tienen una actividad inmobiliaria desde el momento en el que percibe unos ingresos, que estimó en 300 euros mensuales, de rentar parte de las instalaciones de sus oficinas en el centro de la ciudad a otra empresa de la que no quiso desvelar su nombre. No obstante y a pesar de no desvelar la identidad de esta entidad empresarial sí afirmó que recibe de la Ciudad Autónoma “suculentas” subvenciones y contratos “a dedo”, pues estos contratos no concurren en un concurso público al que otras empresas puedan presentarse.
Para Marín la resolución de la comisión “no deja lugar a dudas”
Por su parte, el consejero de Fomento y vicepresidente primero de la Ciudad, Miguel Marín, insistió en que las empresas de las que es propietario “no se dedican a ninguna actividad inmobiliaria” e invitó a “todos los melillenses” a acudir a sus oficinas y “comprobar por sí mismos que es una agencia de seguros”. Además, explicó que él mismo asistió en la mañana de ayer a la reunión de la Comisión del Estatuto del Diputado “aunque no estaba obligado” para así dar in situ las explicaciones “que necesitara la oposición”. De todas formas y a pesar de que, según dijo, el diputado de PPL no planteó ninguna cuestión en la reunión de la comisión, el resultado de la misma zanja cualquier duda al respecto, dijo, en el informe elaborado por el secretario general de la Asamblea. En ese documento “no hay lugar a dudas”, insistió, de que no existe ningún conflicto de intereses.
Una vez aclarado el asunto, Marín no dudó en arremeter contra Populares en Libertad por intentar “manipular” e “intoxicar” a la opinión pública sobre este asunto y utilizar la “demagogia” para sostener sus opiniones. El consejero de Fomento recriminó a Liarte también la actitud de éste y su formación política mantienen en las redes sociales “y luego, cara a cara, no son capaces de preguntar ni decir nada”.
