El sábado de esta semana que entra, día 17, debería celebrarse el acto institucional de constitución de la nueva Asamblea autonómica melillense, así como la investidura del próximo presidente que, en este caso, sería el líder de los populares melillenses, Juan José Imbroda, tras la mayoría absoluta alcanzada por su partido el pasado 28 de mayo. Sin embargo, eso no va a ser posible.
Como ya hizo sin éxito alguno en pasadas elecciones cuando no alcanzó la posibilidad de formar Gobierno, CpM ha decidido impugnar los resultados de las urnas sin que, en realidad, hayan trascendido más razones que una supuesta interferencia de la Junta Electoral de Zona (JEZ) en el normal discurrir del proceso por su directriz sobre el DNI y los votos por correo, el color distinto de algunos sobres y el retraso en el cierre de algunas mesas sin que esa situación se recogiera en el acta.
Esos fueron, al menos, sus primeros argumentos para recurrir la proclamación oficial de los resultados por parte de la JEZ. Uno a uno, este órgano de control desmontó las teorías cepemistas y dejó claro que la decisión de exigir el DNI no solo no interfirió negativamente en las elecciones sino que, muy al contrario, contribuyó a la transparencia y las garantías de legalidad necesarias ante unos comicios en un estado democrático como el español.
Pero CpM no ha querido dar su brazo a torcer ni ha aceptado las razones esgrimidas por la junta en primera instancia. El partido ha decidido subir en la escalera de las apelaciones para tratar de conseguir que se repitan las elecciones.
Y con eso, la ciudad tendrá que esperar hasta el 7 de julio para poder tener una Asamblea fruto de la voluntad expresada el 28 de mayo y disponer de un presidente que formaría Gobierno en pocos días. Todo ello, claro está, caso de que no tengan que repetirse las elecciones, cosa que nos llevaría hasta septiembre con esta situación de provisionalidad en la casa grande.
Una institución sobre la que recae una especie de halo de presunta corrupción en virtud de una investigación judicial declarada secreta y de la que se van sabiendo detalles con cuenta gotas. Por ejemplo, que la máxima autoridad en las pesquisas ha pedido que se paralicen determinados pagos por parte de la intervención de la Ciudad Autónoma.
La consejera de Hacienda, Dunia Almasouri, se ha apresurado a asegurar que no se suspenden “todos” los pagos, pero tampoco ha precisado cuáles son los que siguen su curso, porque podría darse el caso de que fueran solo aquellos imprescindibles, como las nóminas, los que quedaran autorizados.
Las empresas y los melillenses tienen derecho a saber cuáles son los pagos que quedan en suspenso, a qué consejerías pertenecen y cuáles son los servicios afectados, máxime si se tiene en cuenta que la Ciudad Autónoma, así como algunas de sus empresas públicas, como Promesa, son el motor económico de la ciudad y la principal fuente de financiación de servicios a cientos de proveedores.
