La asociación cree que son “asignaturas pendientes” para cumplir con la Ley de Memoria Histórica.
La Asociación Pro Derechos Humanos de Melilla (APDH) denunció ayer que la ciudad de Melilla tiene asignaturas pendientes en la Ley de Memoria Histórica, como los nombres de determinadas calles y la estatua de Franco en la vía pública, así como la reciente instalación de una placa en un edificio de Defensa. En una nota de prensa, APDH hizo esta denuncia pública con motivo de la conmemoración del 79 aniversario del comienzo en Melilla del golpe de Estado contra la República española, que tuvo lugar el 17 de julio de 1936 y que dio comienzo a la Guerra Civil que terminó en 1939. APDH lamentó que casi 40 años después de que finalizara la dictadura y de que muriera Francisco Franco, “aún queden secuelas en la sociedad española a las que ha pretendido poner fin la Ley de la Memoria Histórica”. Además, la asociación matizó que el actual Gobierno de España “está finiquitándola”. Así pues, se refirió como “asignaturas pendientes” a “los más de 100.000 asesinados cuyos restos continúan en cunetas y fosas comunes”, la anulación de “las sentencias injustas” o la devolución de los bienes expoliados por el régimen a sus víctimas. El caso de Melilla En cuanto a Melilla, la asociación señaló que queda por cumplir la retirada del callejero de “los nombres de aquellos personajes que están en él por haber apoyado al régimen”, así como la retirada de la estatua de Franco en la vía pública, “creada por los propagandistas de su régimen”. “Ofende a las víctimas y su memoria que nombres ligados a la deslealtad y la traición se mantengan en nuestras calles o, como ha ocurrido recientemente, se coloque una nueva placa con el nombre de uno de estos en un edificio público del Ministerio de Defensa”, aseguró la APDH. Asimismo, consideró que es “importante recordar a los valientes que dieron su vida, no sólo por fidelidad al Estado republicano, sino, con honor, por su compromiso vital con sus conciudadanos”, entre los que se encuentran muchos militares, trabajadores, juristas y representantes públicos “que ofrecieron ese testimonio en Melilla”.
