La Agrupación Reformista de Policía (ARP) ha pedido públicamente la libertad sindical en el seno del Cuerpo Nacional de Policía y ha solicitado a los partidos políticos que aborden la “necesidad de reformar el sistema de presentación sindical” en el cuerpo. Ello permitiría la presencia de “sindicatos mixtos, corporativos y de clase” como ocurre en todas las instituciones públicas del país.
En ese sentido, la organización reformista habla de las relaciones que han existido siempre entre sindicatos de clase (UGT y CC.OO) con otros corporativos como el SUP o la UFP, e incluso entre CSIF y Jupol más recientemente.
El silencio con respecto a esa libertad sindical de los policías nacionales “avala la brutal agresión de un Gobierno conservador, imponiéndose la prohibición de afiliarse libremente y favorece a la actual administración seguir gestionando el movimiento sindical de forma constreñida”, añade la ARP.
Asimismo, entiende que la prohibición a afiliarse libremente a cualquier sindicato hace que los policías nacionales “seamos trabajadores exentos de derechos como el resto de los funcionarios”.
Los sindicatos policiales, según especifica la ARP, se legalizaron en el año 1984 y desde entonces se han firmado “escasos acuerdos” con la excepción hecha de 2006 “donde el ministro Rubalcaba permitió a los sindicatos no excluir a ninguna categoría del Cuerpo Nacional de Policía”, en las negociaciones. “Se firmó un documento más que aceptable”, reconoce esta organización.
Y ahora, añade, se enfrentan al problema de la equiparación salarial con las policías autonómicas, acordada en 2018 pero que no se ha cumplido en su totalidad. “Las diferencias económicas con policías autonómicas y denuncias en los tribunales de forma individual o colectiva por el incumplimiento de la propia Dirección General de la Policía en infinidad de apartados son una constante al no respetarse en las plantillas policiales acuerdos firmados de ámbito nacional”.
