El próximo jueves, el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, comparece en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de la situación en la que se encuentra el cierre de la aduana comercial de Beni Enzar. El responsable de la diplomacia española relatará que medidas se están tomando para la recuperación del comercio a través de la frontera y explicar si se trata de un cierre definitivo o temporal.
Desde que el pasado mes de agosto, cuando el país vecino decidió unilateralmente dar por terminado el transito de mercancía documentada que se llevaba a cabo por el punto fronterizo desde 1959, no hemos tenido mucha información al respecto de las gestiones que el Gobierno central estaba llevando a cabo para intentar solucionar el problema. Tanto Madrid como Rabat han sido cautos en facilitar algún tipo de información, dejando que la incertidumbre creciera con el paso del tiempo.
Con la intervención de Borrell deberíamos conocer algo más sobre el tema, pero todo apunta a que el cerrojazo aduanero no va a levantarse en un corto plazo. Hace días, el portavoz del Gobierno Marroquí ya advirtió de que se trataba de una decisión meditada y soberana, sin dejar ninguna ventana abierta a una posible negociación.
Desde el Gobierno de Pedro Sánchez tampoco se ha dado ninguna pista que invite a la confianza, parece como si dieran el tema por amortizado y ya no esperaran que Mohamed VI se echara atrás.
Si finalmente este tema no acaba por solucionarse de una manera que satisfaga los intereses de Melilla, a los que Marruecos ha perjudicado seriamente, el Gobierno central deberá buscar la forma de compensar la perdida económica que supone el cierre definitivo en Beni Enzar. Si no son capaces de pelear por ello al menos deben presentar una contraprestación que palíe los casi 100 millones de euros que perdería la ciudad.
