Las ONGs de la acusación particular no comparten la decisión de la Audiencia de desestimar su recurso y archivar el caso contra 8 guardias civiles por presuntos malos tratos en la valla en 2014.
Las ONGs que presentaron un recurso por la decisión de la Audiencia Provincial de archivar definitivamente la causa contra ocho agentes de la Guardia Civil por presunto uso excesivo de la fuerza contra inmigrantes tras un salto masivo en octubre de 2014, tienen ahora, tras el sobreseimiento definitivo del caso, las esperanzas puestas en lo que pueda decir el Tribunal de Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo. Así lo afirmó ayer a El Faro el abogado que llevó el suceso al TEDH, José Luis Rodríguez, de Andalucía Acoge, una de las organizaciones que se personó.
“Es evidente que podemos compartir la decisión”, señaló este letrado, que dijo mostrarse sorprendido de que, en el auto de la Audiencia al que ha tenido acceso El Faro, “no se haga mención a que España está siendo investigada por Estrasburgo por este salto y por supuesto trato degradante” por parte de estos ocho agentes de la Benemérita.
Pocas esperanzas
Por otra parte, Carlos Arce, coordinador de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), aseguró que no tenían “muchas esperanzas de que la resolución fuera a ser distinta a la que ha sido”. “Es muy preocupante que determinados actos, dependiendo de quién sea el objeto de la acusación, merecen un tratamiento político e incluso jurídico diferente”, indicó Arce.
El responsable de esta organización reiteró que hay “falta de voluntad” a la hora de investigar hechos como éste. “Lo que planteamos es que si las personas que hubieran sufrido este trato hubieran tenido otro perfil racial, el tratamiento habría sido distinto”, añadió el activista.
“Ha habido escasa voluntad de localizar las pruebas”
El coordinador de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), una de las organizaciones no gubernamentales que se personaron como acusación popular en el caso de las supuestas ‘devoluciones’ de octubre de 2014, considera que “el problema” en la instrucción de este caso ha sido “la escasa voluntad de localizar las pruebas propuestas” por las ONGs. “Propusimos pruebas razonables y pertinentes, como que se busque a la principal víctima”, señaló Carlos Arce. La persona que recibió los golpes de los guardias civiles fue ‘Danny’, un camerunés que tenía 22 años.
“Pedir que se encuentre a la principal víctima no nos parece algo descabellado”, añadió el responsable de esta organización, que lamentó entonces que se apele a la “falta de pruebas” para archivar la causa.
Asimismo, Arce se quejó de que lo que en un principio “vendían como medidas excepcionales”, refiriéndose a las actuaciones de los agentes en la valla cuando había “avalanchas”, “ahora venden estas medidas (los rechazos en frontera) como un éxito de gestión de la frontera sur, un modelo español que hay que exportar”, dijo también el responsable de APDHA.
“Nos parece lamentable que desde España tengamos que exportar este tipo de cosas”, concluyó Arce.
“Ha habido avances, al menos se han quitado las caretas”
Sobre el archivo de la causa contra ocho guardias civiles por su actuación en la valla tras un salto en octubre de 2014, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) considera que, pese al archivo definitivo del caso “se han conseguido victorias”. Por lo menos se ha logrado que se quiten la careta”, expone Carlos Arce, coordinador de APDHA, en relación a las ‘devoluciones en caliente’.
Para Arce, el hecho de que se aprobase la Ley de Seguridad Ciudadana, que llevaba en el texto la modificación de la Ley de Extranjería para poder realizar rechazos en frontera, es un indicio de la normalización de algo que se hacía, pero que los responsables políticos “negaban o justificaban con respuestas peregrinas”.
