La abogada del exconsejero cepemista Rachid Bussian, actualmente en prisión provisional comunicada y sin fianza, ha querido aclarar algunos de los extremos que se están publicando en estos días en los medios de comunicación. Su escrito, dirigido a El Faro, dice, textualmente:
"Tras múltiples dimes y diretes y hasta parece ser que filtraciones internas que pudieran proceder de la Policia, según he leído en medios de comunicacion, la defensa de Rachid Bussian, ejercida por el equipo de abogados de Bárbara Royo aclara que, contra el auto de prisión, a su juicio vulnerador de los derechos fundamentales más básicos de todo ciudadano español, con independencia de la procedencia, la raza o la ciudad en la que resida, se han tomado las medidas procedentes en derecho, esto es, recurrir en apelacion la decisión ante la la Audiencia Provincial.
A nuestro juicio, esto es lo que hay que hacer y esperar a que la Audiencia resuelva, en caso de que la magistrada instructora no cambie de idea en los próximos días. Subrayamos que cada investigado es individual, no son un grupo y, por tanto, cada defensa debe hacer lo que estime conveniente para ejercer los derechos de su representado, no habiendo optado esta parte por firmar y suscribir ninguna queja ante el CGPJ contra la instructora.
Respetamos y apoyamos las decisiones individuales de cada una de las defensas, incluso estamos de acuerdo con el hecho de que si una investigada ha sentido que debe interponer esa queja, lo haga, pues para eso esta el CGPJ, para fiscalizar los comportamientos de los jueces que, a juicio de una parte, no sean adecuados, entre otras muchas cosas que ahora no nos competen.
Pero insisto, esta dirección letrada no forma parte de esa queja ni la ha firmado pues, como digo, los investigados no son un grupo que deba ser defendido en bloque, sino personas individuales con imputaciones fácticas diferentes que se irán desmontando a lo largo de la instrucción, como debe ser y como será.
Para esto sirve un proceso penal, para determinar si lo que la Policía dice y Fiscalía recoge, como acusación, es o no es verdad. Dar por hecho que así es, es el error más gave que se suele cometer por parte tanto de los medios como de los ciudadanos en procesos mediáticos. Si así fuera, no necesitaríamos el proceso penal, ni existirían sentencias absolutorias tras él. Hay que dejar a las partes, tanto a las acusadoras (en este caso Fiscalía) como a las defensoras, hacer su trabajo, sometidas a la Ley, pero también y sobre todo, amparadas por ella.
La presunción de inocencia es el derecho fundamental más básico en un estado de derecho, o que pretenda serlo. Entrar en un restaurante o ir en un taxi y escuchar al camarero o al taxista, por ejemplo, afirmar que un investigado es culpable sin haber leido un solo papel del sumario, es algo desolador y que no debería suceder", termina la nota.
