La empresa Koala ha procedido al despido de ocho trabajadoras de su plantilla, tras la restructuración de personal que se ha producido en las escuelas infantiles de Virgen de la Victoria y San Francisco de Asís. El resto de las empleadas han sido reubicadas en otros centros como el Josefa Calles, el mismo Virgen de la Victoria y en el Hospital Comarcal, según han asegurado las representantes sindicales de la empresa.
Según afirman estas fuentes, se trata de tres representantes sindicales, una trabajadora embarazada y otras cuatro más afectadas por una situación de "cesión ilegal", una "práctica prohibida por la ley". Además, aseguran que las sindicalistas "están protegidas por la legislación laboral" y dejan claro que la chica en período de gestación podría ser "un caso de discriminación y despido nulo".
El caso es que estas ocho personas han decidido plantear su situacióna ante los tribunales y han presentado denuncia en la Inspección de Trabajo por entender que se trata un "acto de represalia directa contra las trabajadoras por defender sus derechos laborales y un intento de ocultar una situación de cesión ilegal".
Consideran estas representantes sindicales que se han producido "graves vulneraciones legales". "Despedir a representantes sindicales atenta contra la libertad sindical, protegida por la Constitución y el Estatuto de los Trabajadores. Asimismo advierten que se ha producido un caso de "discriminación por maternidad". "El despido de una trabajadora embarazada constituye una vulneración grave de derechos fundamentales".
En tercer lugar entienden que la cesión ilegal se produjo porque esas trabajadoras realizaban su labor "bajo órdenes directas de la empresa principal sin el reconocimiento legal de esta relación laboral".
De ahí que exijan la readmisión "inmediata" de las trabajadoras, el reconocimiento laboral "como empleadas directas" de las trabajadoras en "situación de cesión ilegal" y la "apertura de un diálogo" para garantizar el cumplimiento de los derechos laborales.
"Este caso no solo afecta a las trabajadoras despedidas, sino que representa un ataque al conjunto de derechos laborales", aseguran estas mujeres, que hacen un llamamiento a todos los melillenses para que se posicionen "en defensa de la justicia y la legalidad".
