La jueza del juzgado de Instrucción número 4 de Melilla ha declarado el sobreseimiento provisional de la causa que había contra la empresa Eulen y diferentes funcionarios de la ciudad, así como exconsejeros y viceconsejeros de anteriores Gobiernos locales por un presunto delito de prevaricación administrativa. Se trata de una pieza separada del caso ‘Tosca’, aunque fuentes consultadas por El Faro habían indicando que era por el caso 'Ópera'.
Según el auto, al que ha tenido acceso El Faro, se describe que “dadas la evidente ausencia de indicios que justifiquen la perpetración del delito objeto de las presentes actuaciones, como lo evidencia un escrito del Ministerio Fiscal del 17 de enero de 2019, por lo expuesto cabe afirmar que de lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa, por lo que procede decretar el sobreseimiento provisional de las actuaciones”.
Una veintena de personas son las que forman parte de este auto y proceden tanto de empresas privadas como de la Administración local, ya sean funcionarios o trabajadores o miembros de anteriores Gobiernos de la Ciudad. Se les acusaba de una presunta prevaricación administrativa, fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, así como falsedad documental.
En los antecedentes del auto, se indica que fue en febrero de 2015 cuando comenzaron estas actuaciones contra estas personas y durante este tiempo, según el documento al que ha tenido acceso el periódico, se han estado practicando las diligencias de investigación habiendo vencido el plazo de prórroga de complejidad de la causa el 6 de junio de 2018 “sin que por el Ministerio Fiscal se haya interesado la prórroga del plazo de instrucción y de la complejidad inicialmente declaradas.
De hecho, apunta que no es hasta el 17 de enero de 2019 cuando el Ministerio Fiscal se interesa por obtener los expedientes administrativos de los contratos que son objeto de investigación y remitirlos a la Intervención General del Estado para que emita un informe sobre si ha existido manipulación o no. Para la Fiscalía, este hecho es esencial para determinar si los hechos constituyen o no una infracción penal.
Se envió esta información a las partes personadas y se presentaron escritos de alegaciones para que se hiciera el sobreseimiento de esta causa y no se hiciera esa investigación de la Fiscalía. De hecho, la jueza apunta que se aportó tanta documentación que se ha tenido que estudiar de forma detenida y por ello se ha tardado tanto en dar una respuesta.
La jueza también describe en los razonamientos jurídicos de este auto que se ha estado investigando la contratación por parte de la Consejería de Seguridad Ciudadana, del Patronato de Turismo, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana y de Proyecto Melilla SA (Promesa).
En concreto, el documento recoge que se cuestionaba la legalidad de la tramitación de los contratos entre Eulen Seguridad y la Consejería de Seguridad Ciudadana desde 2004 a 2012 (menos entre 2006 y 2007 que se suspendieron las licitaciones ofertadas)y la alteración de las condiciones de los pliegos de dichas contrataciones para favorecer y beneficiar a Eulen. Eso implicaba que se beneficiaba a sus responsables y había una sobrefacturación de servicios no prestados y desvío de fondos públicos con presentación de facturas falsas sin previa aprobación de gastos para su abono, aludiendo a la existencia de tráfico de influencias y concierto previo entre los representantes de la empresa y los responsables de la Ciudad, todo esto con base a una documentación que se incautó el 24 de febrero de 2014 en Eulen y los correos electrónicos recogidos en esa intervención policial.
También se indica que respecto al contrato de mantenimiento del saneamiento y limpieza del Patronato de Turismo también se habrían producido presuntamente estas mismas irregularidades.
La jueza indica que del informe del 13 de febrero de 2015 se abre esta pieza separada a la que luego se le suma el testimonio de un informe policial del 9 de 2015 relacionado con irregularidades en la contratación pública del servicio de mantenimiento de emergencias del 112 con Telefónica y la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana.
Todo esto lleva a la investigación de un presunto delito de prevaricación administrativa. Sin embargo y tras citar la jurisprudencia que afecta a este caso en relación al tiempo de la investigación, se destaca en el auto que plazo de duración de la prórroga de la declaración de complejidad está sobradamente cumplido. En este sentido, se registra que en el auto fue el 9 de marzo de 2016 en el que se estableció un primer plazo de 18 meses y luego hubo una prórroga de un año más en el auto del 22 de junio de 2017.
Remarca que lo que se investigaba era la asignación de esos contratos se hizo de forma voluntarista, al margen de todo procedimiento legal para beneficiar a tres empresas concretas que resultaron adjudicatarias en virtud de una decisión tomada sin respeto por los procedimientos y garantías administrativas. Pero añade que no se puede extraer esas conclusiones de las actuaciones que se han llevado a cabo.
“Los distintos oficios de la Guardia Civil unidos a las actuaciones quepa deducir tales indicios”, señala y apunta que ya está finalizada la fase de instrucción y superado con creces el plazo máximo de prórroga de la misma, que venció el 6 de junio de 2018.
De esta forma, la jueza subraya que “la diligencia de investigación solicitada por el Ministerio Fiscal lleva implícita la inexistencia de indicios racionales de comisión de los hechos punibles objeto de las presentes actuaciones, sin que quepa en modo alguno una instrucción prospectiva y menos aún la práctica de una especie de pericial jurídica”.
Contra esta resolución cabe una interposición de recurso de reforma y subsidiario de apelación dentro de los tres días siguientes a la notificación. El auto está firmado el 11 de este mes.
