El juzgado de Instrucción y Primera Instancia Número 5 de Melilla estima que hay indicios que podrían llevar a abrir juicio oral contra la consejera de Hacienda, Dunia Almansouri, y el consejero de Distritos, Mohamed Ahmed Al Lal, por un supuesto delito continuado de prevaricación administrativa por el caso de los contratos de emergencia del centro de menores de Rostrogordo, que denunció el PP de Melilla.
El auto judicial emitido este 14 de febrero, al que ha tenido acceso El Faro, decreta asimismo el sobreseimiento libre y archivo de las diligencias contra el presidente de la Ciudad, Eduardo de Castro, el actual viceconsejero de Juventud y Participación Ciudadana, Abderrahim Mohamed Hammu y el ex director general del Menor, Mimón Mohamed Si-Ali, que fue cesado de este cargo el 15 de septiembre de 2021.
El archivo de las diligencias contra los tres se basa en que el juez no ve indicios racionales de que hayan participado en los hechos por los que prosiguen las diligencias contra Almansouri, Ahmed al Lal y Fernanda Cruz Rosa, administradora única de la empresa Lisa Melilla SLU, adjudicataria de un contrato mayor de emergencia por 497.120 euros durante el primer estado de alarma por el covid-19, que se prorrogó el 6 de junio de 2020 por 745.680 euros y que volvió a prorrogarse por otros 745.680 euros el 30 de octubre de 2020.
En total, el contrato se prorrogó ininterrumpidamente hasta el 5 de marzo de 2021.
El Partido Popular, como querellante, considera que la declaración de emergencia para adjudicar un contrato tan jugoso fue "torticera" porque el segundo contrato se adjudicó cuando España ya no estaba en estado de alarma y había bajado el número de menores extranjeros acogidos en La Purísima.
Al examinar los expedientes y la documentación aportada por el PP, el instructor del caso llega a la conclusión de que cabe preguntarse si las irregularidades administrativas denunciadas tienen relevancia penal.
Además, afirma que aprecia la existencia de indicios sobre la posible existencia de un delito de prevaricación administrativa en la elección que se realizó de la empresa adjudicataria de los contratos (Lisa Melilla), porque como recoge el auto, no tenía solvencia económica demostrada ni experiencia en la gestión de centros de menores.
Así, explica que la empresa tuvo un volumen de negocio de 152.061 euros en 2017; de 106.180 euros en 2018 y de 194.550 euros en 2019, mientras que los contratos adjudicados fueron de 497.120 euros, 745.680 euros y 745.680 euros, que entre los tres suman casi 2 millones de euros en un solo año (2020-2021).
El instructor destaca, además, que tampoco parece cumplirse la solvencia técnica y profesional que exige la ley ya que la empresa Lisa Melilla se dio de alta en el Impuesto de Actividades Económicas en el grupo dedicado a "asistencia y servicios sociales para niños, jóvenes y ancianos en centros residenciales" un día antes del inicio de la prestación del servicio en Rostrogordo, de lo que se deduce "que nunca había realizado una actividad idéntica o similar".
En este sentido, destaca que la empresa "no sólo no cumplía los requisitos para ser contratada a dedo sino que, además, no se le pidió documentación para acreditar que los cumplía".
El instructor también se pregunta por qué no se pidió a la empresa Arquisocial, que tiene adjudicado el contrato de La Purísima, que se encargara del centro de Rostrogordo o a la Fundación Diagrama, que lleva el centro de menores infractores Baluarte, que sí tienen experiencia previa en el trabajo con menores.
En este punto es donde el juez instructor pide a las acusaciones particulares personadas que en el plazo de 10 días soliciten la apertura de juicio oral, formulando escrito de acusación, o el sobreseimiento de la causa o excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.
