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El titular del Penal 1 acepta que se mantenga la acusación popular a los cuatro letrados que fueron contratados supuestamente de forma irregular por Garbín cuando era consejera
La mañana del miércoles se ha reanudado el juicio por el 'caso Abogados' con las alegaciones de Fiscalía y las decisiones del juez sobre las cuestiones previas que los letrados de la defensa presentaron el pasado lunes. Tanto la acusación pública como el juez han rechazado la nulidad de pruebas solicitada por la defensa.
En el 'caso Abogados' se juzga la supuesta contratación irregular de cuatro letrados por parte de la Consejería de Bienestar Social cuando María Antonia Garbín ejercía ese cargo. Garbín, actual portavoz del PP en la Asamblea, está acusada de un delito de prevaricación, por el que la parte acusadora reclama que se le impongan 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
Junto a Garbín hay otros 13 inculpados. Varios de ellos son funcionarios de la Administración local. La Fiscalía mantiene su acusación a Garbín y a nueve empleados públicos. La acusación popular, además, la extiende a los cuatro letrados que presuntamente fueron contratados de forma irregular.
Los abogados de la defensa habían planteado el lunes que la acusación popular, ejercida por la Asociación Libre de Abogados (ALA), no estaba legitimada para ser parte en este proceso por no tener la condición de "utilidad pública". Sin embargo, el juez ha rechazado esa pretensión.
Aparte, la defensa había solicitado la nulidad de las declaraciones de los cuatro abogados ante la Guardia Civil, al alegar que lo hicieron en calidad de testigos en lugar de investigados. Tanto la fiscal como el titular del Juzgado de lo Penal número 1 también se han opuesto a ello.
El próximo lunes, a las 10:30 horas, comenzarán las declaraciones de los acusados.
