Jueces por la Democracia y Unión Progresista de Fiscales aseguran que se está cometiendo una ilegalidad l Aseguran que las actuaciones en la alambrada son “impropias” de un Estado de Derecho
La actuación de la Guardia Civil en el asalto a la valla del pasado miércoles sigue dando de que hablar. Hasta ahora responsables políticos a nivel europeo, nacional y local, así como ONGs y representantes de los guardias civiles han hecho sus valoraciones sobre la violencia con la que actuaron agentes e inmigrantes durante el intento de entrada. Ayer las asociaciones Jueces para la Democracia y Unión Progresista de Fiscales también quisieron expresar su parecer y denunciaron que se sigan produciendo ‘devoluciones en caliente’ en nuestra ciudad.
Los responsables de las dos organizaciones manifestaron su “profundo rechazó a la práctica ilegal” de este tipo de deportaciones de inmigrantes. Asimismo, lamentaron el “uso injustificado” de la violencia hacia los subsaharinos, algo que calificaron “impropio” de un Estado de derecho, como el nuestro.
Desde ambas instituciones se refirieron, además, al vídeo difundido por la ONG Prodein (Pro Derechos de la Infancia) en el que se observa cómo varios agentes de la Benemérita golpean a un inmigrante que, al parecer, está bajando de la valla sin oponer ningún tipo de resistencia y posteriormente lo conducen hasta el lado marroquí de la valla. Para las dos asociaciones las imágenes muestran cómo el inmigrante “es tratado como un animal”.
En este punto, denunciaron que este tipo de prácticas “atentan contra los más elementales derechos humanos, los valores y principios constitucionales y la legislación española”. Desde Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales recuerdan que la legislación actual obliga a identificar a todas las personas que se encuentran en territorio español y prestar la debida protección a quienes pudieran ser menores de edad, víctimas de delitos o solicitantes de asilo o protección internacional.
Responsabilidad a Interior
Los responsables de ambas instituciones exigen, por tanto, que el Ministerio del Interior dé explicaciones sobre lo ocurrido. “Debe inexcusablemente depurar responsabilidades y rectificar estas prácticas violentas y contrarias al derecho, apuntaron. Asimismo, dijeron que las políticas de inmigración y control de fronteras “no permiten justificar excepciones a la aplicación de las leyes”.
Además, apuntaron que esperan que la Fiscalía General del Estado tenga “el máximo celo” posible en la defensa de la legalidad y los derechos fundamentales, así como una actitud “activa y rigurosa” en la depuración de las responsabilidades penales a que en su caso hubiera lugar por lo ocurrido.
No es la primera vez que instituciones de profesionales del Derecho de nuestro país muestran su rechazo a las ‘devoluciones en caliente’, una práctica que diferentes expertos han asegurado que incumple la legalidad vigente.
Hay que recordar que el salto del pasado miércoles estuvo protagonizado por un grupo de unos 300 inmigrantes, de los que alrededor de 140 consiguieron escalar la valla y se quedaron encaramados durante horas. Desde la Delegación del Gobierno apuntaron que los subsaharianos fueron especialmente violentos y utilizaron cuchillos, piedras e incluso ropa en llamas para amenazar a los agentes. Por su parte las ONGs aseguraron que los que se excedieron en el uso de la fuerza fueron los guardias civiles. El salto se saldó con diez personas heridas, cinco agentes de la Guardia Civil, uno de ellos tras caer desde lo alto de la verja, y cinco inmigrantes, que al ser atendidos por los servicios sanitarios lograron su objetivo de quedarse en nuestra ciudad y ser trasladados posteriormente al CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes).
