La asociación profesional de la Guardia Civil Jucil ha llevado a las Cortes Generales una propuesta para dotar a Ceuta y Melilla de una estructura especializada y estable que responda a los episodios de presión extraordinaria en sus fronteras. Según ha informado El Faro de Ceuta, la organización planteó la iniciativa en la ponencia de la Comisión Mixta de Seguridad Nacional que analiza el proceso extraordinario de regularización de personas extranjeras.
La propuesta central consiste en crear una Agrupación de Seguridad de Fronteras Terrestres dentro de la Guardia Civil. Se trataría de una estructura especializada que reuniría, bajo un mando y unos protocolos fijados de antemano, distintas capacidades con las que ya cuenta el cuerpo.
En concreto, la asociación plantea que esta agrupación integre a Seguridad Ciudadana, los GRS o UAR, los GEAS, el Servicio Marítimo y la Policía Judicial. A ellos se sumarían las áreas fiscal y de fronteras y los sistemas aéreos no tripulados.
Jucil defiende dejar atrás lo que califica como "refuerzos improvisados" y apostar por un modelo permanente de preparación y respuesta en la frontera. Ese modelo descansaría sobre la planificación previa, la disponibilidad de unidades, unos medios suficientes y una cadena de mando claramente definida.
Junto a la nueva agrupación, la asociación pide aprobar un Plan Permanente de Preparación y Refuerzo Fronterizo para Ceuta y Melilla. Este documento establecería varios niveles de activación y dejaría decidido de antemano qué unidades pueden desplegarse, quién asume el mando y con qué medios se cuenta en cada caso.
El plan abarcaría también las condiciones de los agentes que participen en estos dispositivos, con previsiones sobre su alojamiento, sus dietas, sus relevos y su asistencia sanitaria.
A juicio de la organización, las dos ciudades autónomas requieren una planificación propia y estable que permita movilizar recursos con rapidez cuando se produzca una situación extraordinaria. Jucil sostiene que los episodios recientes vividos en Ceuta deben servir para detectar las carencias y transformarlas en capacidades, de modo que cada nuevo pico de presión fronteriza no obligue a improvisar la respuesta.
La participación de Jucil se enmarca en los trabajos de esta ponencia, creada en el seno de la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, que reúne a diputados y senadores. Su objeto es examinar, desde la óptica de la política de Seguridad Nacional, el proceso extraordinario de regularización de personas extranjeras.
La iniciativa es una de las diez medidas que la asociación ha trasladado a la ponencia parlamentaria. Entre las demás figuran la incorporación de información pertinente de la Guardia Civil a los procedimientos, el refuerzo de los mecanismos contra el fraude organizado y la puesta en marcha de una estructura permanente para combatir las redes criminales del Sur.
La organización reclama además que se impulse la investigación patrimonial y que se amplíe la protección operativa y jurídica de los agentes.
En cuanto al crimen organizado en la costa andaluza, Jucil apuesta asimismo por estructuras estables que combinen inteligencia, investigación supraterritorial, apoyo operativo, coordinación marítima e investigación económica y patrimonial. Esta petición enlaza con su reivindicación de recuperar las capacidades del OCON Sur.
