Las investigaciones derivadas de la Operación Ópera, que instruye el Juzgado Número 4 de Melilla, llevaron a vigilar de cerca el patrimonio y las actividades empresariales del actual consejero de Medio Ambiente, José Ángel Pérez Calabuig, quien durante la pasada legislatura ocupó el cargo de director general y de Gestión Técnica en el mismo departamento.
Siempre según el auto judicial, al que ha tenido acceso este periódico, Pérez Calabuig mantiene desde años atrás, en concreto desde el 2004, “una notoria actividad mercantil” en la que también participaba su esposa, Ángela Retamar García. Ambos contribuyeron activamente a la financiación “de manera activa” de la Promotora Melillense de Viajes S.A., en la que figuran como fiadores avalistas de cuatro préstamos concedidos por el Banco Santander Central Hispano. En concreto, hubo cuatro préstamos, tres por importe de 30.000 euros y un cuarto por 26.800 euros, todos ellos concedidos entre los años 2004 y 2007.
De manera paralela, se averiguó que Ángela Retamar, la esposa de Pérez Calabuig, había pertenecido al Consejo de Administración de dicha sociedad anónima, Promotora Melillense de Viajes, desde el año 2000, en concreto con el cargo de administradora solidaria. Entre los años 2004 y 2006, esta empresa fue adjudicataria de tres contratos por parte de la Ciudad Autónoma.
En concreto, fue la concesionaria de tres prestaciones de servicios de la Consejería de Hacienda por importes de 36.200 euros, 115.640 euros y 190.285 euros. Los citados hechos vulnerarían “gravemente” la Ley de Contratación del Sector Público, según el texto judicial.
En el mismo se recuerda que la citada norma señala que no pueden contratar con el sector público las personas que incurran en un conflicto de intereses de los miembros del Gobierno y los altos cargos de la administración general del Estado, prohibición que se extiende a los cónyuges y personas vinculadas con análoga vinculación de convivencia afectiva.
Inyección de capital
Al ser Ángela Retamar administradora solidaria de la empresa en cuestión y su marido, Pérez Calabuig, director general en la Consejería de Medio Ambiente en aquel entonces, se pone de manifiesto “la existencia de graves irregularidades cometidas según la Ley de Contratación del Sector Público”, tanto por la concesión de contratos públicos a la Promotora Melillense de Viajes como por haber participado en operaciones financieras de inyección de capital a la misma.
En el auto, la jueza indica la necesidad de investigar las circunstancias por las que esa empresa fue adjudicataria de contratos de la Ciudad Autónoma, de las que podrían inferirse la posible comisión de infracciones penales como prevaricación y tráfico de influencias por parte del consejo de contratación de la administración pública.
En el auto judicial se señala que los agentes actuantes informaron de los “notorios incrementos patrimoniales del entorno familiar de José Ángel Pérez Calabuig, asociados de la participación de éste en diferentes sociedades empresariales con diversos objetos sociales y actividades económicas, que son coincidentes con la actividad laboral que desarrolló como director general de la Consejería de Medio Ambiente.
