El importador ha pasado a disposición judicial en calidad de investigado por un presunto delito contra la propiedad industrial
La Guardia Civil ha intervenido en el puerto de Melilla 1.591 pantalones falsificados que llegaban en un contenedor procedente de Asia, cuyo valor comercial ascendía a 160.705 euros, y cuyo destino final era presumiblemente su venta en establecimientos de la ciudad autónoma y Marruecos.
El importador de la mercancía, un varón de nacionalidad española y con residencia en Melilla, ha pasado a disposición judicial en calidad de investigado como supuesto autor de un delito contra la propiedad industrial, quedando la mercancía intervenida depositada a disposición de la autoridad judicial que lleva el caso.
En una nota de prensa, la Comandancia de la Guardia Civil de Melilla ha informado de que los hechos ocurrieron los días 13 y 14 de febrero de este año, cuando llegó al puerto comercial de la ciudad un contenedor procedente del continente asiático y se llevó a cabo una inspección fiscal sobre las mercancías que transportaba en su interior.
Tras la declaración de importación de la mercancía en la Dependencia Provincial de Aduanas e Impuestos Especiales y el análisis de riesgo previo, en la que declaraba contener pantalones vaqueros, camisas, camisetas, pantalones, pantalones cortos y chaquetas, la Guardia Civil determinó el reconocimiento físico de la mercancía.
Los agentes comprobaron que había numerosos bultos sin ningún tipo de identificación de marcas, y otros que sí portaban logotipos y diseños correspondientes a firmas de primeras marcas del mercado que, debido a determinados indicios, podrían ser falsos.
32 bultos sospechosos
La Guardia Civil intervino de forma cautelar 32 bultos, que contenían un total 1.591 pantalones de las marcas registradas con los logotipos, que podrían vulnerar determinados derechos de propiedad industrial.
El instituto armado ha llevado a cabo una serie de gestiones con los representantes legales de las marcas en España que, junto con las pruebas periciales realizadas, ha permitido constatar finalmente la supuesta falsedad del producto intervenido.
La Guardia Civil y la Agencia Tributaria, junto la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEMP) y la Asociación Nacional para la Defensa de la Marca (ANDEMA), han recordado las consecuencias concretas derivadas del consumo de productos falsificados.
Entre ellas, la pérdida de puestos de trabajo y cierre de empresas, la financiación de mafias y grupos de delincuencia, la relación directa con la explotación laboral, tráfico ilícito de inmigrantes y crimen organizado, y el peligro para la salud y seguridad de los consumidores.
