El Ministerio del Interior se niega, de forma reiterada y sistemática, a proporcionar información pública sobre expulsiones, devoluciones y repatriaciones de personas migrantes, incluidos menores de edad, alegando diversos motivos legales como la protección de las relaciones exteriores, la seguridad nacional, la confidencialidad diplomática o la inmunidad soberana de buques extranjeros.
Así consta en varios documentos oficiales del Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska, obtenidos a través del Portal de Transparencia, donde las respuestas negativas o censuradas reflejan una opacidad institucional cada vez más frecuente en la gestión migratoria.
Una de las negativas más representativas se recoge en el expediente número 001-103147, donde se solicitaba acceso a datos sobre actuaciones de Salvamento Marítimo en contextos de llegada de migrantes. La solicitud, tramitada inicialmente por el Ministerio de Transportes y derivada a la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar), fue denegada amparándose en el artículo 14.1.c) de la Ley 19/2013 de transparencia, que permite limitar el acceso a la información si su divulgación puede perjudicar las relaciones exteriores del Estado.
El argumento esgrimido resulta especialmente llamativo. Según Interior, proporcionar detalles sobre las intervenciones de rescate podría vulnerar la inmunidad soberana de embarcaciones extranjeras implicadas, un principio recogido en el artículo 366 de la Ley de Navegación Marítima. Esta norma establece que los buques y cargamentos con inmunidad soberana quedan excluidos de la aplicación de las leyes españolas sobre salvamento marítimo.
“La ayuda prestada gozará de inmunidad soberana de conformidad con los principios del Derecho Internacional”, sostiene la resolución, añadiendo que ofrecer la información solicitada podría afectar negativamente las relaciones diplomáticas entre España y terceros países.
Pero la opacidad no se limita a los rescates marítimos. A través de diversas solicitudes formuladas por vía oficial se ha intentado obtener información básica como el número de expulsiones, los países de destino, las cifras de devoluciones en frontera o los procedimientos de repatriación de menores extranjeros no acompañados. En la mayoría de los casos, las respuestas han sido esquivas, incompletas o directamente censuradas.
Algunos de los documentos proporcionados por Interior en respuesta a estas solicitudes contienen fragmentos tachados o páginas enteras bloqueadas. La información denegada abarca desde cifras generales de actuaciones hasta datos desagregados por edad, nacionalidad o tipo de procedimiento.
En algunos casos, Interior alega razones de protección de datos, en otros, motivos de seguridad nacional o afectación a la política migratoria internacional. Sin embargo, en la mayoría de los expedientes no se ofrece una explicación detallada del por qué de cada censura.
La situación resulta especialmente sensible en el caso de los menores extranjeros no acompañados. Aunque algunos documentos como el expediente resolución y anexo 001-0103193 incluyen datos parciales sobre los procedimientos de repatriación tramitados por las Delegaciones del Gobierno desde 2019, la información es incompleta, dispersa y difícil de interpretar de forma conjunta.
Por ejemplo, se recoge que en 2023, la Junta de Andalucía solicitó y ejecutó la repatriación de un menor de 15 años, mientras que Castilla-La Mancha tramitó un caso similar en 2020 con un menor de 10 años. El resto de los procedimientos están igualmente fragmentados, sin aportar contexto sobre la situación legal del menor, las condiciones del retorno o el país de origen.
Más preocupante aún es la ausencia de datos en comunidades donde el número de menores migrantes no acompañados es significativo, como Ceuta y Melilla. No se facilita información actualizada ni sobre el número de menores tutelados ni sobre cuántos de ellos han sido repatriados, a pesar de que estos territorios han sido escenario de importantes episodios migratorios en los últimos años.
En algunos casos, se han producido retornos en caliente sin garantías procesales, lo que ha sido denunciado por organizaciones internacionales de derechos humanos, aunque el Ministerio sigue sin dar información pública sobre esos procedimientos.
Otro documento relacionado con menores extranjeros, por su parte, contiene respuestas parcialmente tachadas en las que se detecta el uso sistemático de fórmulas legales para rechazar la entrega de datos, en especial cuando se trata de menores. Interior se escuda habitualmente en la protección del “interés superior del menor” para justificar la opacidad.
Sin embargo, esa protección, según numerosos juristas, no implica necesariamente el ocultamiento de cifras o estadísticas agregadas, siempre que no se revelen datos personales identificables.
Esta falta de transparencia choca frontalmente con el espíritu de la Ley 19/2013, que establece el derecho de acceso a la información pública como una herramienta esencial para garantizar la rendición de cuentas. En cambio, los documentos analizados reflejan una interpretación restrictiva y cada vez más habitual de la norma, que se traduce en negativas sistemáticas sin una motivación suficientemente justificada.
El contexto político y diplomático también pesa en estas decisiones. En los documentos denegados relacionados con devoluciones a Marruecos, se evita mencionar el número de personas retornadas o los acuerdos bilaterales que regulan estas prácticas.
La razón invocada es que hacerlo podría perjudicar las relaciones con el país vecino. Este argumento, sin embargo, no convence a organizaciones que trabajan con población migrante, para quienes la falta de transparencia solo agrava la desprotección jurídica de estas personas y dificulta el control público sobre las actuaciones de la administración.
En definitiva, el Ministerio del Interior ha consolidado una política de opacidad en todo lo relacionado con la gestión migratoria. Las negativas sistemáticas a proporcionar datos, incluso estadísticos, sobre expulsiones, devoluciones y repatriaciones, especialmente de menores, suponen un claro retroceso en materia de transparencia institucional.
Lo que debería ser una obligación de información pública se convierte, en la práctica, en un muro legal de difícil acceso para periodistas, activistas o cualquier ciudadano interesado en fiscalizar la acción del Estado.
