El Ministerio del Interior ha respondido de forma inmediata al Defensor del Pueblo que todos los rechazos en frontera que se realizaron durante el salto masivo de la valla de Melilla el pasado 24 de junio en el que murieron al menos 23 inmigrantes se hicieron "dentro de la más estricta legalidad".
En un comunicado, la institución que dirige Ángel Gabilondo avanza las primeras conclusiones de un investigación que está realizando y destaca que ese día se registró "una situación de riesgo previsible en la zona a la vista del desarrollo inicial de los acontecimientos" y que no se respetaron las "garantías legales nacionales e internacionales" al rechazarse en frontera a 470 personas.
Desde Interior señalan a Efe que, "desde el respeto a la Institución del Defensor del Pueblo", y teniendo en cuenta que los hechos sucedidos se están investigando, "todos los rechazos en frontera que se produjeron el pasado 24 de junio en el perímetro fronterizo entre Melilla y Nador se realizaron dentro de la más estricta legalidad".
Fuentes de la Guardia Civil precisan a Efe que el número de 470 rechazados en frontera que alude el Defensor en sus conclusiones no es "ni de lejos" la cifra correcta. Defienden que fueron 101 inmigrantes los que se quedaron en ese perímetros "en tierra de nadie".
Tras estas explicaciones Interior reitera las condolencias a los familiares de las personas fallecidas y expresa "su firme respaldo al trabajo realizado por la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en concreto por los efectivos de la Guardia Civil".
"Las Fuerzas de Seguridad del Estado van a seguir cumpliendo como hasta ahora con su misión de proteger las fronteras de España y de la Unión Europea frente a asaltos violentos", dejan claro desde el ministerio, antes recordar que todas las solicitudes de protección internacional cursadas por las personas que accedieron a territorio nacional se están tramitando por los cauces legalmente establecidos.
