La socialista Elena Fernández Treviño defendió ayer la validez y la importancia de los contratos menores, que hacen más ágil la gestión en determinadas áreas del Gobierno y por eso entiende que no hay que demonizarlos ni estigmatizar su uso como hacen los grupos parlamentarios de Vox y de Somos Melilla, especialmente este último, que no hay Pleno en el que no saque el tema para tratar de arrojar sombras de duda sobre la acción del equipo de Imbroda. Cierto es que esos contratos menores deben cumplir escrupulosamente las normas y no convertirse en un elemento para beneficiar a afines aprovechando que se pueden realizar a dedo cuando no sobrepasen determinadas cantidades fijadas por la ley.
El Pleno de la Asamblea conoció en su sesión de ayer el informe elaborado por el interventor con respecto al control financiero de los ejercicios 2021 y 2022, en el que habla de la necesidad de mejoras los procedimientos relacionados con esos contratos menores. De ahí la defensa que de los mismos realizó Treviño, en esos años consejera de Cultura, entre otras áreas, que los empleó en múltiples ocasiones, si bien no hay sospechas de legalidad en torno a ellos.
Aquí el problema está en cómo utilizaron los cepemistas esos contratos y no se puede deducir de aquello que todos los van a emplear de la misma forma. Cierto es que la contratación menor proliferó de forma exponencial durante el mandato de los consejeros de CpM, quienes actualmente se encuentran en prisión como presuntos autores, entre otros delitos, de malversación y fraude en la contratación pública a consecuencia del uso que le dieron.
La operación Santiago-Rusadir ha puesto de manifiesto que se llevaron a cabo cientos de contratos y que con ellos se fue beneficiando a empresarios afines a CpM que, a su vez, ponían parte de ese dinero para que el partido liderado por Mustafa Aberchán pudiera comprar votos por correo de cara a las elecciones municipales y autonómicas de 2023. Se calcula que se llegaron a adquirir hasta 10.000 votos, lo que habría supuesto la mayoría absoluta del partido cepemista por cuanto que se superaba el 20% del censo electoral con esa cantidad de papeletas compradas.
El caso es que los contratos menores sirvieron de caladero de fondos públicos para beneficiar las opciones electorales de CpM y, según los atestados policiales a los que ha tenido acceso El Faro en las últimas semanas, también para el enriquecimiento personal de algunos empresarios. Además, se entiende que esos contratos menores solo son la punta del iceberg de lo que fue la gestión pública de los cepemistas, por cuanto que aún continúan secretas las diligencias mediante las que se estarían investigando contratos mayores, declaraciones de obras de emergencia o la concesión de subvenciones públicas.
Lo que pasó durante la etapa de CpM con esos contratos menores no puede servir de coartada a partidos como Somos Melilla para tratar de poner en solfa al Gobierno actual. Es cierto que lo sucedido en la pasada legislatura hace que ahora esa herramienta de la Administración Pública esté manchada por una presunta corrupción de casi 7 millones de euros pero en absoluto se puede prescindir de un instrumento que puede ser crucial para el mejor desarrollo de la labor del Ejecutivo melillense, como afirma la diputada socialista.
