Instalan cámaras de reconocimiento facial en centros de salud sin aclaraciones oficiales del Ingesa

El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) ha comenzado a implementar sistemas de reconocimiento facial en los centros de salud de Melilla como parte de un plan de digitalización y modernización de la atención primaria. El nuevo sistema permitirá que los pacientes se identifiquen mediante sus rostros en los accesos a las consultas, una medida que también se ha iniciado en Ceuta.

Según han informado medios nacionales como elDiario.es e Infobae, la iniciativa forma parte del plan de transformación digital financiado con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El objetivo declarado es agilizar la atención y automatizar procesos como la entrada a consulta, mediante un registro biométrico que identifique al usuario a través de cámaras instaladas en la entrada de los centros.

No obstante, la medida ha generado inquietud en el ámbito sanitario y en organizaciones de defensa de los derechos digitales. Desde varias entidades se cuestiona la necesidad, legalidad y proporcionalidad del sistema, especialmente al tratarse de datos biométricos altamente sensibles como el rostro. Entre los sectores críticos destacan colectivos como Médicos del Mundo, la plataforma Xnet y el Consejo General de Colegios Médicos.

Silencio institucional

En el caso concreto de Melilla, Ingesa no ha emitido hasta ahora ninguna comunicación pública que detalle cómo funcionará el sistema, cómo se almacenarán los datos, qué entidad gestionará la información recogida o si los pacientes podrán optar por alternativas al reconocimiento facial. Tampoco se ha especificado si será necesaria la firma de un consentimiento explícito ni si se contempla algún protocolo de auditoría o control.

Ante la falta de información oficial, El Faro de Melilla ha intentado sin éxito recabar la versión del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. En dos ocasiones distintas, separadas por una semana de margen, se enviaron preguntas al organismo con el fin de esclarecer el marco legal, técnico y ético en el que se basa esta medida. Hasta la fecha de publicación de esta noticia, no se ha obtenido respuesta.

Preocupación de organizaciones

La ONG Médicos del Mundo ha alertado de que la incorporación de este tipo de tecnología puede generar nuevos obstáculos en el acceso a la salud. “Hay colectivos en situación irregular o sin habilidades digitales que podrían verse excluidos o tener miedo de acudir a consulta si temen ser registrados”, explican.

Por su parte, desde la organización Xnet se insiste en la falta de garantías legales: “No puede haber identificación obligatoria con rasgos faciales si no se ha regulado de forma estricta, y menos aún sin que exista una necesidad justificada y proporcionada”, han declarado sus portavoces.

También el Consejo General de Colegios Médicos ha mostrado preocupación por el uso de inteligencia artificial en entornos clínicos sin transparencia ni evaluación de impacto previa. En su opinión, este tipo de medidas no deben sustituir al componente humano de la atención sanitaria ni aplicarse sin controles ni debate público.

Territorios piloto

Una de las principales preocupaciones expresadas por los colectivos críticos es el hecho de que Ceuta y Melilla sean las primeras en recibir esta tecnología. Aunque oficialmente no se ha confirmado porque Ingesa no atiende las peticiones formuladas por El Faro, algunos expertos consideran que ambas ciudades están siendo utilizadas como entornos de prueba por su tamaño y condición administrativa.

El despliegue se produce en un momento de fuerte impulso institucional a la digitalización, pero la ausencia de comunicación clara y de respuestas a las preguntas planteadas desde distintos sectores alimenta las dudas sobre su conveniencia y legalidad.

Mientras tanto, la instalación del sistema parece seguir avanzando en centros de salud locales, y muchos profesionales sanitarios y pacientes aseguran desconocer los detalles del funcionamiento de esta tecnología. La falta de información por parte de Ingesa refuerza el malestar en torno a una medida que, a pesar de su potencial innovador, aún carece del consenso y la transparencia necesarios para su implementación plena.