Industria prepara una ley que garantice el suministro de electricidad en Melilla

La nueva normativa afectará también a Ceuta, Canarias y Baleares y busca que la generación de energía sea más eficiente y haya más competencia en el sector. El Consejo de Ministros aprobó ayer un anteproyecto de ley para garantizar el suministro de electricidad y elevar la competencia en  las ciudades de Melilla, Ceuta y las islas Canarias y Baleares, así como para reducir los costes que suponen sus sistemas eléctricos.
Actualmente, la generación fuera de la península corre a cargo, fundamentalmente de Endesa, que no se pronunciará sobre los cambios hasta conocer los detalles de la reforma, que busca elevar el número de operadores los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares (SEIEs).
El año pasado, el Gobierno encargó a Red Eléctrica un informe para revisar por qué los extracostes peninsulares pasaron de 300 millones de euros en 2005 a 1.800 millones en 2012 y ver si se justifica hacer una nueva ordenación energética en los archipiélagos y en Melilla y Ceuta.

Sistemas más eficientes

El objetivo es garantizar la seguridad del suministro en Melilla, Ceuta, Canarias y Baleares, así como lograr que sus sistemas eléctricos sean más “eficientes”, tanto medioambiental como económicamente, con la introducción de más competencia, según explicó ayer el ministro de Industria, José Manuel Soria.
Para impulsar la instalación de generación “más eficiente” y abaratar el coste de generación, el anteproyecto plantea que las nuevas instalaciones que se construyan en zonas donde se supera el índice de cobertura puedan percibir el régimen retributivo por razones de seguridad de suministro o eficiencia.
Ahora mismo sólo se retribuyen los nuevos grupos cuando no se supera este índice, que relaciona la potencia instalada con los niveles de demanda punta.
Además, para favorecer la entrada de operadores no se podrán otorgar estas retribuciones a empresas que actualmente concentran más del 40% de la capacidad de generación en cada sistema.
Quedarán excluidas de esta limitación las plantas que hayan sido adjudicatarias en concursos de renovables, las que dispongan de autorización administrativa o las que hayan sido inscritas en el registro de preasignación de retribución de régimen especial.

Propiedad de red Eléctrica

Las instalaciones de bombeo y las regasificadoras pasarán a ser titularidad de Red Eléctrica y Enagás, respectivamente, que gestionarán estas infraestructuras básicas para garantizar el suministro en las islas y las ciudades autónomas, según Soria.
Industria establecerá mecanismos retributivos para nuevas instalaciones de producción con la intención de disminuir el coste de generación e introducir señales económicas de ubicación para resolver problemas de restricciones técnicas en determinados puntos de la red.
El coste del combustible, que supone más del 60 % del coste de generación en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares se determinará mediante un “mecanismo competitivo”, subrayó el ministro.
La nueva normativa prevé que la Dirección General de Política Energética y Minas pueda minorar la retribución adicional a la producción cuando se reduzcan sustancialmente la disponibilidad de las instalaciones, la seguridad del suministro o los índices de calidad.
Además, Red Eléctrica dará órdenes de arranque a las instalaciones de generación sobre las que existan “indicios” de que se encuentran realmente disponibles y, en su caso, se suprimirá la retribución por garantía de potencia.
“Si la instalación no corrige sus deficiencias deberá solicitar la baja en el registro”, añade el comunicado.
Para reforzar la capacidad del Gobierno de actuar en caso de riesgo para el suministro, se modificará la Ley del Sector Eléctrico, que establece que en caso de riego elevado el Ejecutivo puede operar directamente las instalaciones de generación, transporte o distribución e intervenir empresas.
En esta misma línea, añade Industria, se contempla que la Administración General del Estado pueda imponer sanciones cuando se produzcan infracciones muy graves que comprometan la seguridad de suministro.