La inmigración no fue el único tema que abordaron en la jornada de ayer los presidentes de Melilla y Ceuta, Juan José Imbroda y Juan Vivas, respectivamente.
Ambos mandatarios se reunieron por la mañana, acompañados por diferentes miembros de sus gobiernos, y tuvieron ocasión de hablar sobre temas de calado financiero y fiscal que afectan a ambas ciudades autónomas.
Durante la rueda de prensa que ambos presidentes ofrecieron al mediodía, explicaron que habían debatido sobre la necesidad de que la Administración del Estado destine más recursos financieros a Melilla y Ceuta para paliar los problemas derivados económicos de su situación geográfica.
Imbroda y Vivas explicaron que la extrapeninsularidad de estas autonomías provoca que el coste de determinados servicios sociales sea mayor con respecto al que existe en el resto del territorio nacional. Así pues, subrayaron que es vital defender algunos de los “hitos” conseguidos de manera conjunta, como las ventajas en financiación autonómica, las bonificaciones a las cuotas patronales de la Seguridad Social o la creación de los planes Melilla y Ceuta Activa.
De este modo, las dos autonomías pedirán a Madrid que reoriente las políticas activas de empleo de cara a que tengan mayor eficacia y así potenciar la creación de nuevos puestos de trabajo.
De igual modo, reclamarán un “tratamiento adecuado” por parte del Ejecutivo central para paliar las elevadas tasas de paro juvenil.
En este punto en concreto, Vivas reseñó que el desempleo entre el sector joven se ha convertido en un problema endémico para Melilla y Ceuta, que presentan las mismas características en este campo: Un alto porcentaje de parados y un grave déficit de formación, lo que obstaculiza las posibilidades de acceder al mercado laboral.
Incentivos fiscales
Por otro lado, consideran que es necesario seguir mejorando los incentivos fiscales para fomentar la creación de empresas y, por ende, de empleo. Para los dos gobiernos, la línea a seguir la marcan los avances realizados en el Impuesto sobre Sociedades, que entraron en vigor el pasado 1 de enero y que ofrecen una serie de ventajas a las pymes que quieran implantarse en Melilla y Ceuta.
También piden defender las peculiaridades de las dos ciudades en relación a la prevista revisión del actual sistema de financiación autonómica, con el firme objetivo de asegurar la suficiencia financiera de los servicios públicos, adaptándolos a las nuevas demandas sociales.
Carta al Ministerio
Imbroda señaló que no se han concretado cifras económicas en lo que se refiere a financiación autonómica. Además, apuntó que se ha enviado una carta informativa al Ministerio de Administraciones Públicas para dar a conocer a la Administración del Estado.
“Ya hay contactos entre ambas partes”, señaló. “La intención es compensar los costes que conlleva la prestación de servicios en Melilla y Ceuta a causa de su alejamiento de la península”, concluyó el presidente.
