El Ilustre Colegios de Abogados de Melilla ha entregado este martes seis diplomas a los seis letrados del turno de oficio más antiguos de la ciudad y a los profesionales integrantes de la Oficina de Protección Internacional de la Jefatura Superior de Policía, que son los 12 agentes que trabajan en las oficinas de asilo, junto a la propia Oficina.
De esta manera, según el decano de la institución, Blas Jesús Imbroda, se quiere “poner en valor” el trabajo que se hace en ellas por parte de estos profesionales, una labor, dijo, “absolutamente necesaria” para tutelar a las personas que precisan de protección internacional. Por último, tamién se ha rendido homenaje a una técnico del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), María Dolores Morales, por su labor en favor de un colectivo “vulnerable” de las personas migrantes, resaltó Imbroda.
El Ilustre Colegio de Abogados de Melilla ha conmemorado de esta forma el Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio, que se ha celebrado hoy, para, en palabras del presidente de la institución, “poner en valor el trabajo que se realiza por parte de la abogacía española en el derecho de defensa”.
En este sentido, Imbroda ha querido recalcar que “absolutamente nadie queda indefenso” aunque no se nombren abogados o las personas no tengan medios para contratar abogados particulares.
“Es decir: nadie, bajo ninguna circunstancia, queda indefenso”, ha proseguido Imbroda, quien ha resaltado que este trabajo de asistencia en los turnos de oficio beneficia, particularmente, “a las personas especialmente vulnerables, sobre todo, en el ámbito de la inmigración, la protección internacional, el asilo o la asistencia en el ámbito de la violencia de género y en el campo de los menores”.
Además, el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Melilla ha hecho hincapié en que este turno de oficio “está integrado por abogados que prestan servicio las 24 horas del día y los 365 días del año”.
En la lectura el manifiesto en defensa de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio, Imbroda ha explicado ante los presentes en la sala del Ilustre Colegio que “la asistencia jurídica gratuita es un elemento central en cualquier sistema de justicia que pueda considerarse plenamente democrático y constituye uno de los pilares insustituibles del principio de igualdad de derechos de los ciudadanos ante la ley”.
Según ha leído, la evolución de la pandemia del covid-19 y sus consecuencias sanitarias y sociales no han hecho sino “consolidar la trascendencia de que cualquier ciudadano pueda contar con la asistencia de un profesional de la abogacía, independientemente de los recursos de que disponga”.
En dicho manifiesto, no obstante, Imbroda ha subrayado la importancia de acometer “imprescindibles y urgentes reformas que necesita un sistema cuya ley reguladora ha cumplido ya 25 años” y que tiene “lagunas” demasiado grandes “como para solucionarlas a base de parches legislativos”, razón esta por la que ha solicitado la reforma de la Ley de Justicia Gratuita.
Sin embargo, a su parecer, “las modificaciones incluidas en la reforma del Reglamento de Justicia Gratuita no pueden suponer una carga adicional de burocracia para los miembros del turno de oficio y sus Colegios”.
Además, ha apuntadi, “la aparición de nuevas necesidades formativas, como asesoramiento de los derechos de las personas con discapacidad, deben servir para ahondar en la especialización orientada a sectores específicos de la población, pues precisan de unos conocimientos concretos”.
