El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, ha denunciado que el Gobierno de España ha obligado a la ciudad a pagar de forma anticipada 17 millones de euros en concepto de deuda, lo que supondrá un serio perjuicio para los melillenses. Según indicó, esos fondos podrían haberse destinado a inversiones directas, como la construcción de 120 viviendas sociales, un área considerada prioritaria para el Ejecutivo local.
Las declaraciones del presidente se produjeron en el contexto de su defensa de las modificaciones presupuestarias, que calificó como “muy positivas” y fruto de una gestión “ágil y eficaz” realizada desde el primer trimestre del año. “Cuando hay buena gestión, las modificaciones presupuestarias se realizan al principio del ejercicio. Si no, aparecen en octubre, y no es nuestro caso”, afirmó.
Prioriza a los ciudadanos
Imbroda quiso destacar que las modificaciones incluidas en el presupuesto están centradas en áreas clave para el futuro de Melilla, como la juventud, el emprendimiento y la cohesión social. Entre las iniciativas destacadas se encuentra el nuevo “Plan Joven”, que contempla una batería de ayudas para facilitar el acceso a la vivienda y fomentar la independencia de los jóvenes melillenses.
En ese sentido, se anunció una nueva línea de financiación para sufragar el 20% de la entrada de una hipoteca, destinada a jóvenes que deseen emanciparse. “Ya se ha hablado con las entidades bancarias y se les ha remitido el borrador del convenio. En un mes podría estar firmado”, adelantó. Además, se contemplan medidas de apoyo al mérito académico, la excelencia universitaria, la formación profesional y el emprendimiento juvenil.
“El presupuesto de 2025 responde a una visión de ciudad que no deja a nadie atrás. Gobernamos para todos y queremos construir una Melilla mejor”, subrayó Imbroda.
Denuncia contra Sánchez
El presidente melillense centró buena parte de su intervención en criticar al Gobierno de Pedro Sánchez por las decisiones adoptadas en materia de política financiera. En concreto, denunció que el Ministerio de Hacienda obliga a la Ciudad Autónoma a amortizar anticipadamente deuda por valor de 17 millones de euros, en lugar de permitir que dichos fondos se destinen a inversiones sociales y estructurales.
“Nos están quitando 17 millones de euros a todos los melillenses. Eso es lo que valen 120 viviendas sociales. Están castigando a Melilla para maquillar las cifras del déficit público del Estado”, sostuvo. Imbroda lamentó que mientras a otras comunidades se les condonan créditos, a Melilla se le impone el pago anticipado de su deuda. “Es un agravio comparativo que demuestra que no piensan en esta ciudad ni en sus ciudadanos”, aseveró.
El presidente melillense acusó al Ejecutivo nacional de utilizar a Melilla como herramienta de ajuste financiero para mejorar los indicadores macroeconómicos del país, sin tener en cuenta las necesidades reales de los territorios. “A nosotros nos obligan a pagar créditos antes de tiempo, y lo hacen porque tenemos superávit. Castigan la buena gestión y eso es profundamente injusto”, denunció.
Modelo de gestión
Frente a lo que describió como “la parálisis presupuestaria del Gobierno central”, Imbroda presumió de una gestión eficaz a nivel local. “El Gobierno de España ni siquiera tiene presupuesto. ¿Cómo va a aumentar las subvenciones o pagar los 120 millones que nos deben por menores no acompañados si ni siquiera aprueban unas cuentas?”, se preguntó.
Asimismo, aseguró que la falta de iniciativa del Ejecutivo nacional contrasta con la actividad del Gobierno melillense, que ha diseñado y ejecutado un plan económico con medidas concretas y aplicables a corto plazo. “Aquí hay acción, aquí hay voluntad de cambio y aquí hay medidas sobre la mesa”, insistió.
Con una combinación de propuestas innovadoras y planificación financiera sólida, el presupuesto de 2025 presentado por el Gobierno de Melilla pretende impulsar el desarrollo social y económico de la ciudad. No obstante, las decisiones impuestas desde Madrid suponen, según Imbroda, un freno severo al progreso. La obligación de destinar 17 millones a amortización anticipada de deuda se convierte así en el eje central de una nueva confrontación política entre el Ejecutivo melillense y el Gobierno central, con los ciudadanos como principales afectados.
