Hay multitud de días que es mejor, desde luego, no levantarse y, por lo visto, el pasado viernes es una de esas fechas perfecta para ello. Esa noticia pregonada a los cuatro vientos por parte del director provincial del Ministerio de Educación ha producido una brecha, parece que casi insalvable, entre el Gobierno autonómico y la Administración General del Estado en Melilla.
La escolarización de los menores marroquíes, varios centenares según el equipo de gobierno y poco más de ciento sesenta si nos basamos en los datos ofrecidos por el departamento de Educación de la Administración estatal, vuelve a levantar malos vientos que, al final, redundan en esa permisividad, en ese buenismo que durante años se ha permitido de la proliferación de llegada de ciudadanos marroquíes sin tener derecho a ello. Y de esos polvos vienen estos lodos.
El único camino que le queda al Gobierno del presidente Imbroda es acudir a los tribunales. Y la verdad es que les felicito si dan ese paso, porque en un estado de derecho el único camino que existe para derribar una decisión administrativa es la Justicia. Y si desde el Gobierno autonómico se entiende que se han podido cometer varios ilícitos penales como son una posible prevaricación y, por otro lado, un posible delito de malversación, está muy claro que en esta misma semana, o lo más tardar la siguiente, esa querella debe estar presentada en el juzgado.
Todo ello por dos razones primordiales: la primera, que es un juzgado el único que está en condiciones de poder revocar esa decisión que ha tomado la Administración educativa. Y, en segundo lugar, tengamos en cuenta que si además se han podido cometer esos delitos, la obligación es la denuncia. Por supuesto, que decisiones que no dejan de tener un trasfondo político, y la escolarización de estos niños es una decisión política en definitiva, sean judicializadas no es un buen camino, pero es la única fórmula si se pretende revocar, porque la Dirección Provincial de Educación no va a dar marcha atrás y el mismo presidente de la Ciudad lo sabe de sobra.
Ello no quita para que también en el Parlamento se conozca lo que está sucediendo. No se puede hacer con preguntas parlamentarias, porque al final se tardan meses en contestar. Que se obligue a la comparecencia de la titular de Educación y que Imbroda, desde el pleno, le diga todo lo que piensa. Se necesitan altavoces y un pleno del Senado lo es.
Y una última reflexión en relación a la importancia o no de un padrón. Todos los ciudadanos estamos obligados a darnos de alta en el ayuntamiento de la ciudad donde residamos, seamos o no nacionales de ese país. Y es el padrón el que marca ese derecho y esa obligación. Los ciudadanos que entienden que tienen derecho a estar inscritos en el padrón y se lo niegan por distintas razones desde el ayuntamiento, por supuesto, cuentan con suficientes mecanismos, tanto administrativos como judiciales, para que se pueda revocar esa decisión. Mientras tanto, cualquier otro tipo de documentación que sirva para distintas cuestiones no me parece el camino adecuado.
Por ello, vuelvo a insistir en que el presidente Imbroda debe acudir a los tribunales. Primero, porque un juez sí puede revocar esa decisión de la Administración, si así lo entiende y, por otro, porque si hay visos de haberse cometido algún delito no hay otra fórmula.
Si, !vayamos a lo tribunales! y de paso hablemos de contrabando y blanqueo durante años, o es que ¿el contrabando es una actividad legal? y ¿el lucrarse con esa actividad también es legal? y¿ las mujeres porteadoras también lo son? ¿sabían los Melillenses, que muchos de esos niños, son hijos de estas mujeres? ahh! y tal vez podemos hablar de los miles de millones de euros, que han venido de Marruecos por esa vía (unos blancos y otros traslúcidos) y que han servido para financiar muchas cosas en Melilla, ¿ no tienen retorno? ¿de qué creen que han vivido muchos? ¿de dónde han pagado los excesos? en fin, cuanta hipocresía. No irán a los tribunales, pues sería el comienzo del fin.