El presidente de la Ciudad, Juan José Imbroda, utilizó la popular red social Twitter para expresar su malestar por la denuncia presentada ante el Parlamento Europeo por parte de Unión, Progreso y Democracia (UPyD)en contra del “contrabando” que se da en las frontera de Melilla y Ceuta.
“Supongo que UPyD habrá presentado alternativas económicas además de intentar buscarle la ruina a miles de personas”, rezaba el tuit del mandatario melillense.
La reacción del Gobierno melillense a esta denuncia de los upedistas no se ha hecho esperar, máxime teniendo en cuenta que del llamado ‘comercio atípico’ se benefician miles de ciudadanos a un lado y otro de la frontera entre la ciudad y Marruecos y que dada la crisis económica en la que está inmerso el país este tipo de actividad económica es la única vía para sobrevivir para muchas familias.
En la misma denuncia de los upedistas se reconoce que por los pasos fronterizos de ambas ciudades autónomas transitan más de 20.000 personas, principalmente marroquíes. Este dato da cuenta de la dimensión del asunto.
Justificación de la denuncia.
El diputado de UPyD, Francisco Sosa Wagner, fue el encargado de dar a conocer esta iniciativa de su formación política y de la que El Faro se hizo eco en su edición de ayer. En ella argumentó que el código aduanero de la Unión Europea excluye a Melilla y Ceuta de su ámbito de aplicación, lo que provoca el “incremento de negocios de contrabando” en las dos fronteras españolas.
Por ello, la formación que lidera Rosa Díez propone que se promueva una modificación del reglamento de 12 de octubre de 1992 que regula el código aduanero para su aplicación en ambas ciudades, con la intención de evitar estas situaciones.
La UPyD considera que “consentir” la situación actual “contraviene” el mandato que tiene la Comisión Europea de promover los intercambios comerciales entre los estados miembros y terceros. Por este motivo, el partido se pregunta si la UE tiene previsto abrir alguna investigación para comprobar el volumen de ese intercambio comercial “ilegítimo” que se producen en los pasos fronterizos de las dos ciudades autónomas.
Muerte de porteadoras.
Además, Sosa Wagner argumentó que diariamente miles de porteadoras marroquíes acuden a las dos ciudades para cargar sobre sus espaldas “enormes bultos” con el mayor peso que soporten y que están llenos de ropa, productos de limpieza, alimentos y otras mercancías, “lo que junto a las muestras de explotación de mujeres” se une la muerte hace unos años de dos porteadoras. El partido añade que “consentir” estas situaciones de maltrato a mujeres “minora el estandarte que levanta” la UE de protección de los derechos fundamentales.
Tras esta exposición de motivos del diputado upedista, no ha trascendido si en la misma denuncia se incluye alguna propuesta o alternativa al ‘comercio atípico’ en Melilla y Ceuta, tal y como reclamó ayer el presidente Imbroda, a través de su cuenta en Twitter.
Un comercio atípico circunstancial
La denuncia de UPyD ante el Parlamento Europeo manifestando su preocupación por la economía sumergida en las fronteras de Melilla y Ceuta no es un fenómeno del que el Gobierno de Juan José Imbroda no tenga constancia. En 2007 el Gobierno melillense realizó un estudio sobre la dimensión y consecuencias de la economía sumergida, que se cifró entre el 22% y el 26%. El también llamado ‘comercio atípico’ del que viven muchos ciudadanos marroquíes, pero también los melillenses, es circunstancial, según este documento que asegura que la economía sumergida en la ciudad está “profundamente relacionada con las características de un mercado laboral poco cualificado, sometido a la presión migratoria y segmentado en función del origen étnico y geográfico”.
El estudio tuvo por objeto ofrecer una visión “actualizada” de este ‘comercio atípico’, comprender mejor el funcionamiento de la economía local y proponer medidas que reduzcan el impacto negativo de esta actividad sumergida.
Además de los condicionantes anteriores, se añade el “gran peso del sector público” en la economía melillense, pues contribuye “a la pervivencia de prácticas de informalidad empresariales y laborales”. “La especial situación geográfica de Melilla en el norte de África determina tanto las actividades económicas que se pueden desarrollar, la competencia del entorno al que se enfrentan y también el alto porcentaje de ilegalidad”, continua el estudio.
Una actividad normalizada.
El documento con el que cuenta la Ciudad Autónoma pone de relieve que el ‘comercio atípico’ tiene ya una aceptación social, que entorpecería los esfuerzos de las instituciones públicas por combatir esta actividad ilegal. “El fenómeno de la economía sumergida genera cierta permisividad entre los melillenses, lo que provoca un desaliento en los comportamientos responsables y los llamamientos de las instituciones públicas hacia la transparencia”, afirma. Por ello, en el estudio se afirma tajantemente que la eliminación de esta actividad ilegal “es un objetivo que no se puede alcanzar a corto plazo”.
Medidas a ejecutar.
El estudio propone una transformación progresiva que permita aflorar la economía sumergida de Melilla y fomente las actividades legales, “trabajando por mejorar sus márgenes de rentabilidad y pudiendo hacer frente a sus obligaciones legales y tributarias”. Así pues, los cambios a llevar a cabo afectan a diversos ámbitos, tanto en el marco económico y normativo, como una mayor intensidad en el control y la sanción, pero no contra los que practican la economía sumergida.
La Administración local y estatal deben actuar conjuntamente, asegura este informe, en distintos campos, fiscal, laboral y judicial. A corto plazo propone ejecutar medidas de control o sanción, combinadas con otras iniciativas más genéricas y a largo plazo, como favorecer una cultura empresarial que apueste por la transparencia y la competitividad.
Sindicatos y organizaciones empresariales locales deben implicarse también en esta labor pues “se encuentran más próximas a los agentes de la producción y potenciales sujetos de prácticas de la economía sumergida”.
Un 26,9% de economía sumergida
En julio del año pasado quince asociaciones empresariales crearon la Plataforma contra el Intrusismo y la Economía Sumergida. Su primer informe establecía que Melilla se encuentra en la cuarta posición en cuanto al porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB) que supone la economía sumergida (26,9%). Esta clasificación estaría liderada por La Rioja (31,4%), seguida de Canarias (28,7) y Ceuta (27%). La Plataforma mostró su preocupación por la actividad económica que se desarrolla fuera del cumplimiento y respeto a las leyes y normas, junto con el incremento de cargas, gravámenes e impuestos.
