En atención a la austeridad reclamada especialmente por los grupos de la oposición. El presidente de la Ciudad confirmó ayer que su Gobierno impulsará la reforma del Reglamento de la Asamblea que actualmente permite a cada grupo político contratar a dos asesores del nivel A o B, con cargo a la Ciudad Autónoma, y sin ningún criterio de proporcionalidad con el número de diputados que conformen esos mismos grupos.
La medida, ampliamente contestada ya por los partidos más minoritarios con representación en la nueva Asamblea, caso de PSOE y PPL, no debería plantear objeciones, a juicio de Imbroda, “entre quienes precisamente han clamado por una mayor austeridad” en el empleo del dinero público.
Según Imbroda, no tiene coherencia que dos grupos, como el socialista y el de Populares en Libertad, con dos diputados cada uno, puedan contratar tantos asesores como parlamentarios van a tener en la Asamblea de Melilla. “Por esa regla de tres, qué tendríamos que contratar para el PP: un total de 15, es decir, uno para cada diputado”.
Imbroda llegó a plantearse que incluso podría ser conveniente hacer desaparecer la figura del asesor y dijo que su partido, en la anterior legislatura, sólo contrató a uno de los dos a los que tenía derecho.
Otros fines
La idea de reformar el Reglamento no obedece sin embargo al hecho único de adecuar la realidad de la nueva Asamblea a unos medios y recursos más proporcionados con la presencia numérica de los minoritarios, que sólo contarán con dos diputados y podrán constituirse en grupos políticos con los mismos derechos que los grupos mayoritarios, salvo en el caso de la contratación de auxiliares administrativos que sí atiende a criterios de proporcionalidad.
El Gobierno local, que postergó a la pasada legislatura la reforma del Reglamento de la Asamblea de Melilla, en aras a lograr un mayor consenso político, está decidido a usar en todo caso su mayoría si no es posible el acuerdo para evitar “nuevos espectáculos plenarios” como los que se han venido sucediéndose en estos últimos cuatro años.
A tal fin, precisará los turnos de pregunta y repregunta que tantas disputas ocasionan por falta de reglamentación debida de los tiempos de contestación y reinterpelación por parte de miembros del Gobierno y diputados de la oposición. Igualmente, concretará qué temas pueden ser objeto de esas mismas interpelaciones y preguntas a fin de evitar que cuestiones que no tienen incidencia en la vida de la Ciudad o se refieren a actuaciones de anteriores Gobiernos puedan plantearse en las sesiones plenarias.
Con ello, el Ejecutivo local pretende evitar que asuntos polémicos de ámbito internacional o nacional, ajenos por completo a la gestión del Gobierno melillense, se lleven a los Plenos de Control como arma arrojadiza y fuente de agrio debate entre los distintos grupos políticos, como considera que ha ocurrido innecesariamente en esta pasada legislatura.
