El presidente autonómico, Juan José Imbroda, espera que a lo largo de los próximos días se aclare si la constructora del Hospital Universitario continúa haciéndose cargo de la obra. Pese a que ya hay una sentencia sobre el modificado que paralizó la obra varios meses, las tareas no se han retomado, pues la empresa y el Ingesa continúan enfrascados en negociaciones sobre la parte del modificado que queda por ejecutar.
Si la constructora decide no aceptar las condiciones impuestas por el ente sanitario estatal, habría que sacar el proyecto de nuevo a licitación y las obras no se retomarían hasta el primer trimestre del próximo año, según el presidente melillense.
Hay que recordar que el Gobierno del PSOE aprobó el modificado antes de que se realizara el informe técnico del mismo y comenzó a sufragar parte de los ocho millones conforme se iban realizando las nuevas obras.
Ya con el PP en el Gobierno, una primera parte de ese modificado había sido ejecutado y pagado. Una segunda parte de la nueva obra estaba ejecutada, pero pendiente de pago. Y la tercera parte del modificado estaba pendiente tanto de ejecución como de pago.
En estas circunstancias, se daba la paradoja de que, al no existir informe técnico, los nuevos responsables del Ingesa se vieron obligados a rechazar el pago del pendiente de la segunda parte. No estaban amparados legalmente para abonar ninguna suma más porque el Gobierno del PSOE había dejado sin concluir los trámites del modificado.
El pasado mes de septiembre, la Justicia decidió que el actual Gobierno sufrague la cuantía de esta parte del modificado que ya ha sido realizado y que aún estaba pendiente de pago. A partir de este punto, la constructora y el Ejecutivo central deberán sentarse a negociar la cantidad económica que fijan para el resto del proyecto. Según apuntó ayer Imbroda, parece que aún no han llegado a un acuerdo y existe la posibilidad de que la obra vuelva a salir a licitación.
En definitiva, la parte de la obra ya ejecutada deberá pagarse al precio acordado por el PSOE, mientras que para el resto se acordará un nuevo precio.
De la pasada legislatura
Hay que recordar que el proyecto se inició en los últimos compases del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Cuando el PSOE dejó el Gobierno central, el nuevo Ejecutivo del PP se encontró con un modificado sobre el proyecto original, que suponía un incremento cercano a los ocho millones de euros, el máximo permitido.
No existía ningún estudio técnico al respecto, por lo que la Administración del Estado examinó en qué consistía este cambio y concluyó que la cuantía era excesiva y que había que rebajarla. Se le planteó a la constructora y ésta rechazó tal posibilidad. Hasta el pasado mes de septiembre, el asunto se dirimió en los tribunales.
