El presidente de la sociedad pública explicó que el problema es la falta de crédito de las entidades financieras a los compradores en un momento de crisis económica.
El presidente de Emvismesa, Juan Antonio Iglesias, negó ayer el supuesto incremento del coste de las viviendas que construye esta entidad en Melilla, un aspecto que destacó la responsable de éste área del PSOE, Rosa López Ochoa, al afirmar que la sociedad pública podría estar encareciendo los inmuebles que construye, haciendolos inasequibles a los melillenses que están en estos momentos en lista de espera.
En cualquier caso, Iglesias se mostró tajante desde un inicio al negar esta y otras aseveraciones de la socialista, pues recordó que el precio de las viviendas está tasado por ley al igual que el del suelo, en concreto por el Plan Estatal de Vivienda del año 2008. En esta normativa se establece un precio del metro cuadrado que está en torno a los 758 euros, tras lo cual se autoriza a las autonomías a aumentarlo en función de unos coeficientes multiplicadores.
Ello ha hecho que en Melilla el precio del metro cuadrado esté en 1334 euros, lo que explica que las viviendas que construye Emvismesa no sobrepasen los 130.000 euros de precio de cara a los adjudicatarios. Pese a ello, Iglesias fue algo más lejos ya que recordó a Ochoa que la situación en Melilla y en el resto del país se ha complicado debido a la dificultad de los españoles a la hora de acceder a un crédito bancario.
Sobre este asunto comentó que el problema no era el coste de la vivienda sino más bien la falta de crédito, pero esta cuestión, recordó, se debía a los problemas económicos del país en estos momentos, con la crisis. Iglesias reconoció que sólo se habían vendido de momento 40 de las 90 viviendas terminadas, en torno a un 41 por ciento. “Esto es algo que sabe el PSOE”, afirmó, descargando la culpa de la mala coyuntura económica sobre la política que había llevado a cabo el Gobierno socialista en estos años.
Supresión de ayudas
En otro orden de cosas, el presidente de Emvismesa señaló que otro de los problemas existentes era el relativo a la supresión de numerosas ayudas del Gobierno central, circunstancia que complicaba mucho más el acceso a un crédito para los demandantes de vivienda.
Sobre este asunto señaló que fue en diciembre del 2008 cuando se eliminan ayudas que podían llegar a los 8.000 euros e incluso más en función de las circunstancias de cada familia y de los peticionarios, como por ejemplo el nivel de recursos económicos o entrar en categorías como por ejemplo ser víctima de violencia de género. “Todo esto lo sabe el PSOE y López Ochoa se calla”, afirmó y negó que en la península la situación fuera mejor que en Melilla, pues según las estadísticas del gremio de constructores, tan sólo se habrían podido vender en torno al 40 por ciento de las viviendas construidas.
Iglesias recordó que en diez años el peso del crédito inmobiliario se había reducido casi a la mitad y recordó que en estos momentos en Melilla hay numerosas viviendas de promociones privadas que no pueden venderse por estos mismos problemas que afectan a Emvismesa.
Por último, también hizo mención al Registro de Demandantes y recordó a Ochoa que éste todavía no está funcionando. Así, remarcó que se aprobó su creación en diciembre del año pasado en un Pleno de la Asamblea con la particularidad de que tanto PSOE como CpM votaron en contra. Lo que existe en estos momentos es una prescripción de familias que están en torno a las 1.500.
Competencia con el Estado
El presidente de la sociedad pública Emvismesa, Juan Antonio Iglesias, negó que esta entidad esté compitiendo con el Estado en la construcción de viviendas sociales, acusación que realizó el PSOE. En este sentido, comentó que el problema era que el Estado no construía viviendas en Melilla, pues tardó casi siete años en firmar el Tercer Convenio, una situación que ha llevado a que no se haya levantado ningún inmueble nuevo a pesar de que el acuerdo comprende la construcción de 600 viviendas.
Junto a ello, señaló que la Ciudad Autónoma a través de las Consejerías de Fomento y Medio Ambiente tampoco estaban ralentizando los trámites administrativos para que el Estado construya 60 viviendas en dos solares próximos al cuartel Gabriel de Morales.
