Human Rights Watch suspende a España en materia de derechos humanos y para ello ha tenido en cuenta la situación de los inmigrantes en Melilla, entre otros aspectos. En un informe anual publicado recientemente exponen que el hacinamiento fue un serio problema en el centro de recepción de Melilla y señalan el posterior establecimiento de un refugio temporal en la plaza de toros.
Además, subrayan cuando los jueces rechazaron dos veces los intentos de las autoridades de poner bajo confinamiento el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes después de que se reportaran casos de COVID-19. Recuerdan que ACNUR, el Comisionado de Derechos Humanos del Consejo de Europa y organizaciones no gubernamentales, urgieron a las autoridades a encontrar alojamientos alternativos y a transferir migrantes al territorio peninsular.
El informe también se remonta a la sentencia que, según valoran, amenazó con debilitar la protección contra las ‘devoluciones en caliente’, relatan que la Gran Sala de la Corte Europea de Derechos Humanos dictó en febrero que la deportación sumaria en 2014 de dos hombres subsaharianos de España a Marruecos no violó sus derechos, porque su acción al escalar la valla fronteriza de Melilla con otros migrantes era ilegal.
Además de la migración y el asilo, para suspender a España también ha tenido en cuenta la pobreza, el desempleo, la violencia contra las mujeres o el impacto social de la pandemia del coronavirus. En su introducción explican que el país fue "duramente sacudid por los desafíos económicos y de salud pública ligados a la pandemia de COVID-19". Describen que al aumentar el desempleo y la pobreza, "el Gobierno tomó medidas para apuntalar las ayudas de bienestar social". También subrayan que la violencia contra las mujeres aumentó durante el confinamiento a nivel nacional que se impuso para controlar la pandemia. Por otro lado, valoran duramente las condiciones tanto en los centros de acogida de inmigrantes como en los asentamientos informales de trabajadores agrícolas inmigrantes asegurando que "eran insalubres". Apuntan también a que continuó el procesamiento judicial de actores a favor del independentismo catalán a que los tribunales limitaron la libertad de expresión de músicos utilizando de manera demasiado amplia los cargos de enaltecimiento del terrorismo e insultos a la monarquía. En su informe sobre el Estado de Derecho, la Comisión Europea señaló su preocupación sobre la eficacia del sistema judicial y la percepción de falta de independencia del poder ejecutivo del fiscal general, exponen.
