La carrera de fondo entre derecho a la huelga y el derecho a trabajar. Desde que los sindicatos de clase, UGT y CCOO, anunciaran la convocatoria de una nueva huelga general, la segunda en España en lo que va de año y la primera que aúna las voluntades de Grecia, Portugal, Italia, Chipre y Malta, ha generado adherencias y detractores. A pesar del llamamiento de ambos sindicatos a participar y secundar esta protesta, muchas han sido las voces en contra de la misma. En Melilla, hoy irán a trabajar los sindicatos CSIF, SATSE, ACAIP, ANPE, quienes anunciaron días atrás su descuelgue de la convocatoria. La presidenta de la Confederación de Empresarios de Melilla (CEME), Margarita López Almendáriz, también se postuló en contra y, por último, lo hicieron los responsables políticos de ambas Administraciones. El presidente de la Ciudad, Juan José Imbroda, el lunes y el delegado del Gobierno, Abdelmalik El Barkani, ayer.
Las medidas de recortes en Sanidad, Educación, políticas y prestaciones sociales, empleados públicos, reforma laboral, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2013 y la posibilidad de un próximo rescate económico de la Unión Europea son razones suficientes para los sindicatos de clase para convocar una nueva huelga general.
Sin embargo, estos mismos motivos no son compartidos por otros sindicatos como el de Enfermería SATSE, el de prisiones ACAIP, el del sector de la enseñanza ANPE y el del sector público CSIF. A ellos se sumó la presidenta de la patronal, Margarita López Almendáriz, quien en su comparecencia afirmó que los piquetes informativos “no son necesarios”, aludiendo a que son protagonistas de incidentes con trabajadores que no secundan la huelga y empresarios. En este sentido, apuntó que en la pasada huelga general del 29 de marzo, un comerciante melillense, que tiene su establecimiento en el centro de la ciudad, solicitó la ayuda de la CEME por un conflicto con un piquete informativo y por ello, “tuve que llamar a la Policía”, aseguró López Almendáriz.
Estas declaraciones tuvo su pronta reacción por parte de los responsables de UGT y CCOO e incluso CSIF defendió la presencia de los piquetes exclusivamente informativos en las calles durante la jornada de huelga.
Y es que, unos y otros, protagonizan días antes de una huelga general el constante debate entre el derecho a secundar la movilización y el derecho a trabajar.
En esta carrera de fondo, la CEME aseguró que estaría “vigilante” y el dispositivo policial preparado a tal efecto velará, precisamente por garantizar ambos derechos.
UGT y CCOO sostienen que el Gobierno nacional está llevando al país al “camino de la perdición”, mientras que el lunes, el presidente Imbroda reclamaba a la sociedad melillense y española “arrimar el hombro” para “dar un empujón entre todos a España para volver a la senda del crecimiento”.
Tanto el mandatario melillense como el delegado del Gobierno en Melilla coincidieron en insistir en que la huelga general “no le viene bien a España”, dijo Imbroda, quien también se mostró preocupado por la imagen exterior del país al celebrarse, con el 14–N, dos paros nacionales en once meses. “Son un auténtico disparate”, sentenció Imbroda, pues este tipo de movilizaciones “no traen ningún tipo de soluciones ni servirá para crear empleo”.
Así, el presidente autonómico insistió en que España debe “dar una imagen de unidad, fortaleza, potencial y que trabaja para salir de la crisis”.
A pesar de no compartir unos y otros la huelga general, los responsables sindicales y la Administración sí ha conseguido un consenso en la determinación de los servicios mínimos que operarán en la jornada de hoy, con el objeto de garantizar la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos.
