Desde el aciago episodio de mayo del año pasado que puso a Ceuta “al borde del abismo” hasta la visita de Pedro Sánchez a Marruecos de anteayer que ha concretado la formación de un “nuevo partenariado” entre ambos países basado “en los principios de transparencia, de diálogo permanente, respeto mutuo e implementación de los compromisos y acuerdos suscritos por las dos partes” han pasado 325 días. El panorama para la ciudad autónoma ha cambiado radicalmente y ahora, según coinciden todos los agentes institucionales y este periódico, se abre un horizonte lleno de posibilidades que debe ser bien recibido.
No cabe interpretar de otra forma el anuncio de que “la plena normalización de la circulación de personas y de mercancías se restablecerá de manera ordenada, incluyendo los dispositivos apropiados de control aduanero y de personas a nivel terrestre y marítimo”. Más allá de las repercusiones económicas que tendrá la próxima recuperación del turismo procedente del país vecino, muchas empresas ceutíes podrán volver a operar también como cabeza de puente hacia el Reino alauita.
La implantación de algún tipo de aduana comercial en el Tarajal como la que ya tenía Melilla hasta 2018 o similar dibuja unas perspectivas que hasta ahora parecían inabordables, tanto para la exportación de mercancías hacia Marruecos como para su recepción a través de la frontera. Con las ciudades autónomas fuera de la Unión Aduanera estas tendrían que superar otro filtro para cruzar el estrecho, pero si se concretase su incorporación a ese espacio también aparecerían múltiples expectativas de negocio para ambas ciudades.
El compromiso de “respeto mutuo” a la integridad territorial y la soberanía no hace depender de ninguna forma, como nunca lo ha estado, la españolidad de Ceuta y Melilla del país vecino, pues son la Constitución y el Estado sus principales valedores, así como la Unión Europea, tal y como demostró el Parlamento comunitario el verano pasado.
De trascendental importancia para las dos ciudades es el pacto suscrito para que “los temas de interés común” sean tratados “con espíritu de confianza, a través de la concertación y sin recurrir a actos unilaterales o hechos consumados”. Acontecimientos como los sufridos por Ceuta en mayo del año pasado supondrían una violación flagrante de lo acordado.
Además, “se relanzará y reforzará la cooperación en el ámbito de la migración”, un aspecto clave para la seguridad de las fronteras terrestres (y marítimas en Canarias y Andalucía) españolas, que repetidamente han parecido depender de la buena, regular o mala sintonía que en cada momento existiese entre los dos países para verse o no sometidas a saltos masivos o avalanchas de embarcaciones.
España debe contar antes de la reapertura de las fronteras de Ceuta y Melilla con mecanismos eficaces para el control de las personas que transiten por ella como en cualquier otra de la UE, así como hallar una solución para gestionar un posible aluvión de solicitudes de protección internacional de nacionales de Marruecos, ya sea mediante el cambio que se baraja de la Ley de Asilo o a través de su declaración como ‘país seguro’. Se trata de pasos arriesgados en términos de respeto a los derechos humanos que también exigen dar pasos pendientes como abrir la posibilidad de que, quien crea tener derecho, pueda pedir asilo en las delegaciones diplomáticas en el exterior. También consolidar vías legales y seguras para desarrollar proyectos migratorios ordenados si la cooperación bilateral en ese campo quiere promoverse como “ejemplar” ante el mundo.
En ese sentido cobran especial importancia algunos de los puntos del acuerdo a los que menos atención se ha prestado, como el establecimiento de un grupo de trabajo específico sobre Formación Profesional y Educación Superior, campos en los que Ceuta y Melilla pueden ser un polo de atracción para la juventud del entorno.
España y Marruecos también se han comprometido a reactivar “la cooperación sectorial” en ámbitos como “el económico, el comercial, el energético, el industrial y el cultural” y, si el camino apuntado discurre por la senda trazada, las ciudades autónomas tienen que convertirse en engranajes privilegiados para estrechar y encauzar los campos de “prosperidad compartida” que se vayan delimitando.
Aunque les abre muchas puertas de progreso y más estabilidad y tranquilidad. El Estado no abandona a Ceuta y Melilla al vecino y lo demuestra con hechos, como la próxima ejecución del cable eléctrico submarino que conectará con la costa gaditana a la ciudad, en la que hasta ahora no se han podido desarrollar del todo proyectos empresariales de conexión a Internet que preveían llegar al Reino alauita.
Las ciudades autónomas no temen al futuro y no quieren ni pueden encerrarse en sí mismas como si de dos gigantes peñones baldíos se tratase, condenadas a sobrevivir de transferencias y sin capacidad para desarrollarse, crecer y dar más calidad de vida a sus poblaciones.
Esa será nuestra mejor forma de servir a España y lo contrario, nuestra mayor amenaza.
