El Gobierno de Pedro Sánchez ha elaborado un Real Decreto por el que se establecen las normas para proceder al reparto entre todos los territorios españoles de los menores migrantes que actualmente están acogidos en Canarias y Ceuta. Los criterios para la distribución de estos jóvenes están relacionados con el número de población y la renta per capita de las comunidades, entre otros, según figura en el texto publicado ya en el Boletín Oficial del Estado. Esos requisitos son de aplicación a todo el país a excepción de Cataluña, después de que el PSOE llegara a un acuerdo con Junts para que allí solo lleguen 27 menores, independientemente de lo establecido en el citado Real Decreto.
El caso es que el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, se ha mostrado muy crítico con este sistema, cuyo objetivo es descongestionar los centros de acogida en Canarias y Ceuta. Y la oposición expresada por Imbroda tiene mucho que ver también con el hecho de que la obligación de aceptar a esos menores no vaya acompañada de la correspondiente financiación. Además, indicó que, al parecer, en el reparto entre Melilla con 34 menas, una cifra que se sitúa incluso por encima de Cataluña a pesar de las evidentes diferencias en el número de población y renta per capita entre una y otra región.
Hasta este momento las cosas no están suficientemente claras en ese sentido. Los socialistas melillenses se han apresurado a defender la medida adoptada por el Gobierno de Sánchez y han asegurado que no es cierto que vengan 34 menores porque todavía no se conocen las cifras que corresponden a cada autonomía, pero tampoco han dicho cuántos definitivamente llegarán a Melilla.
Y en medio de todo esto, sale Vox para decir que Imbroda aseguró que la Ciudad Autónoma no aceptaría entrar en ese reparto y ahora, según Tasende, dice que sí, a lo cual el propio presidente melillense le pregunta cuándo ha dicho él que accede a esa distribución de menores migrantes.
En definitiva, un lío monumental en el que pocas cosas se sacan en claro más allá del acuerdo entre el PSOE y Junts para que Cataluña prácticamente quede al margen de esta política que, además, ni siquiera contenta no solo a las comunidades sino tampoco a las Ongs que trabajan con ese colectivo migrante. Hasta ahora lo único seguro es que el ceutí Vivas, en contra de lo establecido por su partido (PP), está totalmente de acuerdo con la decisión del Gobierno socialista.
