El Faro hizo ayer una extensa entrevista al presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, en la que tuvo la ocasión de hacer balance de los casi 100 días de Gobierno, hablar de proyectos de futuro, de los nuevos presupuestos y de algo de gran importancia por lo que supone de uso del dinero público. Se trata de la investigación que está llevando a cabo el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 a raíz de la supuesta trama de la compra de votos y que, a juzgar por las palabras de Imbroda, podría estar yendo mucho más allá de lo que el ciudadano de a pie piensa en estos momentos.
“La compra de votos se puede quedar en una anécdota”, decía Imbroda en relación con el tema de cómo se pudo estar presuntamente usando el presupuesto de la ciudad en los últimos cuatro años. De hecho, habla de “desorden” en las cuentas y de “gastos superfluos” en amigos, empresas afines y, en general, en una gran red de clientelismo político.
Tan es así que fijó en un 10% lo que tienen que disminuir esas partidas económicas “de gastos superfluos” en el presupuesto de 2024 para que las cuentas cuadren. La gestión del dinero, según afirma el presidente de la ciudad, ha sido un caos porque no había fluidez entre consejerías: mientras unas consejerías tenían dinero más que suficiente e incluso sobrante, otras se veían bajo mínimos.
Según Imbroda, como el Gobierno no era una orquesta afinada sino el reino particular de cada partido, no se transfería cantidad alguna de unos departamentos a otros que estuvieran necesitados de fondos. En definitiva, el presupuesto es “puro desorden” y ahí ha tenido que entrar a fondo el nuevo Ejecutivo melillense para saber por dónde anda cada cosa en el seno de la Ciudad Autónoma.
Al presidente no le duelen prendas en reconocer que está “dolido” por lo que ha visto en estos tres meses, que ha sido “tanto el daño” a Melilla en estos últimos años que “no habrá borrón y cuenta nueva”, como tampoco “perdón” por su parte a los anteriores gobernantes.
Que el Gobierno CpM-PSOE era una jaula de grillos no era algo desconocido. Las peleas entre los socios eran evidentes y públicas en multitud de ocasiones hasta tal punto que las entonces consejeras socialistas quisieron alejarse lo más posible de la investigación judicial en marcha y bajo secreto de sumario afirmando ante la prensa que ninguna de sus áreas se veía comprometida por la petición de documentos por parte de la jueza instructora, lo cual hizo montar en cólera a los cepemistas, que aparecían como los principales sospechosos toda vez que, además, uno de sus consejeros fue detenido por la policía en relación a la trama de la compra de votos.
El PP no renuncia a hacer una auditoría de las cuentas pasadas pero está a la espera de conocer el alcance de la investigación judicial, que lleva meses en marcha y bajo secreto. Es de la mayor importancia que todos los melillenses puedan saber qué ocurrió con el dinero público, a dónde fue, a quién benefició o, en su caso, que se certifique que todo fue correcto. Lo que no es de recibo es que pase el tiempo y continúe la incertidumbre mientras “bastantes” empresas continúan sin cobrar por orden judicial.
