La Consejería de Hacienda dice que la colaboración entre Administración y agentes de aduana para la liquidación del IPSI que se cobra al cliente final "ha saltado por los aires", después de la "mala praxis" que ha llevado a cabo una empresa que la Ciudad Autónoma se ha visto obligada a denunciar ante la Fiscalía por no ingresar el importe del impuesto de importación de mercancías a pesar de haberlo cobrado a comerciantes y particulares. El titular de la Consejería, Daniel Conesa, ha manifestado este viernes que el sistema de liquidación utilizado hasta ahora se basaba en una "relación de confianza" que se ha roto y que necesitará de la implementación de un sistema de cobro más garantista tanto para la Administración como para los propios clientes.
Conesa aseguró que no podía dar detalles acerca del importe de la deuda que ha dejado la empresa denunciada aunque sí dijo que es "bastante dinero" pero por debajo del millón de euros con que se especuló inicialmente. "No puedo dar datos porque esas cuestiones están muy protegidas", señaló para añadir que el problema fue detectado por el actual Gobierno poco después de empezar a trabajar al frente de la Ciudad Autónoma. "En verano, los técnicos nos ponen sobre aviso de que se están produciendo algunos hechos preocupantes", explica.
En ese sentido, indicó que el sistema de recaudación del IPSI por parte de las agencias de aduana se basa "en una relación de colaboración" que se sustancia anualmente en un convenio para que estas agencias se encarguen de liquidar en función de la mercancía y del importe que el cliente final tiene que pagar a la Ciudad Autónoma. Saldar esa cuantía tiene un plazo que la empresa superó ampliamente, a pesar de los requerimientos que la Consejería de Hacienda le hizo llegar para que ingresara el dinero en las arcas públicas.
"Empezamos a detectar los problemas y obviamente empiezan a realizarse todas las gestiones que se pueden realizar para que ese IPSI se pague. Primero lo intentamos de manera amistosa diciéndole que tenían que cumplir los plazos y como no se ponían al día, empezamos a utilizar otras maneras menos amistosas", subrayó.
El caso es que el dinero nunca llegó a ingresarse. Tan es así que la Ciudad Autónoma optó por suspender a las cuatro agencias de aduana que se agrupan en torno a la empresa y poner todo el asunto en manos de la Fiscalía. Por cierto, Conesa adelantó que la próxima semana esa comunicación al ministerio público se ampliará "con los últimos acontecimientos que se ha producido", advirtió el consejero popular.
Daniel Conesa quiso dejar claro también que la mayoría de los agentes de aduana que operan en Melilla "son empresas absolutamente honradas, que están cumpliendo con sus obligaciones". Pero la oveja negra ha hecho que incluso el colegio profesional que agrupa a estos negocios aparte a la referida empresa por entender que ha infrigido el código deontológico que rige sus principios.
Dadas las circunstancias, la Consejería de Hacienda ya trabaja en un nuevo sistema mucho más garantista para las partes. "Esa mala praxis hizo que se perdiera lo esencial y tendremos que evolucionar hacia otros sistemas mucho más garantistas", subrayó.
El titular de Hacienda en el Gobierno autonómico señaló que la Ciudad Autónoma tampoco podía actuar de una forma "radical" inmovilizando la mercancía. "Eso plantea un problema d gravedad para la propia economía de Melilla. Por eso lo primero era requerir".
La empresa, según Conesa, ha explicado que todo se debió a un "ataque informático". "Yo no sé si sufrieron un ataque informático hace cuatro meses pero si es cierto, se supone que lo habrán resuelto ya".
Finalmente, instó a que cumpla con la palabra dada públicamente e ingrese ya el dinero. "Si están dispuestos a pagar todo lo que tienen atrasado, que lo hagan. En cualquier caso, el sistema de colaboración que había ha demostrado sus debilidades y en consecuencia, la Administración está obligada a utilizar un sistema más garantista tanto para la propia Administración como para los clientes de las empresas".
