El Pleno de la Asamblea de la Ciudad Autónoma aprobó este viernes, con carácter urgente, la rectificación de errores materiales detectados en el expediente relativo a la gestión de las 48 plazas del centro de cumplimiento de medidas judiciales de internamiento para menores infractores, así como la continuidad excepcional del servicio ante el riesgo de que el nuevo contrato no entre en vigor antes de que finalice el actual, previsto para septiembre. La rectificación salió adelante con 14 votos a favor y 3 abstenciones del grupo Coalición por Melilla (CpM), mientras que la urgencia de la sesión fue respaldada por 16 votos.
La sesión, presidida por Juan José Imbroda, abordó un expediente que ya había pasado en dos ocasiones anteriores por el Pleno debido a sucesivos errores materiales: una fórmula de puntuación que favorecía inicialmente la oferta más alta y unos pliegos que, según denunció CpM, estaban inflados en 1,1 millones de euros. Ambos fueron corregidos antes de esta tercera versión del documento.
La comisión permanente de Políticas Sociales, Salud Pública y Seguridad Ciudadana había dado luz verde a la rectificación en una sesión extraordinaria celebrada el 30 de julio. Sin embargo, la portavoz de CpM, Dunia Almansouri, explicó que su grupo revisó con mayor detenimiento el expediente tras la comisión y decidió pasar de un voto favorable a la abstención, al no haber encontrado el nuevo informe de fiscalización de la intervención sobre la modificación de los importes, que consideran preceptivo, y detectar un suplemento de crédito extraordinario sin motivación, en blanco en la documentación. La portavoz añadió que persisten dudas sobre cuál de los acuerdos anteriores se está rectificando exactamente, dado que no se han anulado los previos antes de traer el nuevo texto al Pleno.
Por su parte, el portavoz de Somos Melilla, Amín Azmani, centró su intervención en la gestión del expediente por parte del gobierno. Azmani recordó que la propia documentación aportada por el ejecutivo reconoce retrasos, vacantes en puestos esenciales y acumulación de trabajo como causas de los errores, y advirtió que la solución de continuidad excepcional carece de habilitación expresa en el artículo 29.4 de la Ley de Contratos del Sector Público, algo que, según explicó, ha señalado la propia intervención, que pidió no recurrir de nuevo a soluciones sin cobertura legal.
Azmani recordó además que el expediente se llevó por primera vez al Pleno el 3 de junio y subrayó que el gobierno lleva tres años al frente de la administración, con margen suficiente para haber iniciado los trámites con antelación, y pidió que se depuren responsabilidades para evitar que los mismos errores se repitan.
El consejero Daniel Ventura, que compareció en sustitución de la consejera de Políticas Sociales, Randa Mohamed, de baja por enfermedad, defendió que los errores no obedecen a una falta de personal, pese a que, según la oposición, la documentación del expediente sí menciona esa carencia en varios informes. Ventura atribuyó el incremento del coste del servicio a la aplicación del nuevo convenio de atención a menores infractores, que mejora las condiciones salariales, a la incorporación de diez trabajadores adicionales a la plantilla y a mejoras como la posibilidad de que el personal realice sus comidas dentro de su jornada laboral, algo que antes no estaba garantizado.
Ventura defendió que se trata de mejoras consensuadas con los agentes sociales, tras reuniones mantenidas con los sindicatos, el comité de empresa, la empresa adjudicataria y los propios trabajadores, y afirmó que el fondo del contrato mejora las condiciones laborales de toda la plantilla.
Sobre la subida del precio por plaza y día, que pasa de 193 a 302 euros respecto al contrato anterior, la oposición reclamó una comparativa detallada que, según indicó Azmani, su grupo solicitó formalmente sin recibir respuesta, ya que el expediente no recoge una justificación explícita del incremento, cercano al 50%, en el gasto por interno y día.
El consejero también respondió sobre los errores, señalando que el primero, relativo a la modalidad del contrato, fue advertido por el propio director general y no por la oposición, y que el segundo, la fórmula invertida, se corrigió durante el proceso administrativo posterior a su detección.
Durante el debate, Ventura recordó también la deuda pendiente con la empresa Arquisocial, contraída durante una legislatura anterior y cifrada en cinco millones de euros, cuyos intereses continúan pagándose en la actualidad y siguen generando reclamaciones judiciales, en un intercambio que subió el tono de la sesión.
El servicio, que atiende de forma continuada a menores sometidos a medidas judiciales de internamiento, debe garantizarse sin interrupción al margen de los plazos administrativos del nuevo contrato, según defendió el gobierno, que justificó así la necesidad de aprobar también su continuidad excepcional en caso de que la nueva licitación no esté lista antes de septiembre.
Ventura insistió en que la Administración no puede dejar de prestar este servicio esencial, y que la alternativa, de no aprobarse la continuidad, sería trasladar a los menores atendidos a otros centros de reforma fuera de Melilla, una opción que el gobierno descartó. El consejero remarcó que este tipo de prórrogas ya se ha producido en anteriores legislaturas.
