En el año 2006 realizó esta misma pregunta sin que el Gobierno diera una cifra exacta, debido a la ausencia en el Ingesa de un capítulo presupuestario específico para ello.
El coste de la asistencia sanitaria a los marroquíes que acuden al Hospital Comarcal de Melilla sigue siendo un tema desconocido para la mayor parte de los melillenses.
Pese a ello, todo el mundo sabe que en la ciudad se atiende a una población muy superior a la que puede acoger el centro hospitalario melillense como consecuencia de la prestación de servicio a la zona circundante a Melilla, en territorio marroquí, con una población cercana a los 150.000 habitantes, descontando la ciudad de Nador.
En este sentido, el diputado del PP en el Parlamento, Antonio Gutiérrez, ha elevado una pregunta al Gobierno central con el fin de saber con exactitud el gasto total que supone la atención a la población foránea procedente de Marruecos, pregunta que no es nueva pues entre el año 2006 y el 2007 ya realizó alguna petición en el Congreso sin que se diera una cifra concreta.
De hecho, una de las primeras informaciones que solicitó en su día fue la relativa al capítulo presupuestario del Ingesa en el que quedaban encuadrados los gastos derivados de la atención sanitaria a los partos de mujeres marroquíes no residentes en Melilla, ante lo cual desde el Gobierno central se comunicó que “en los Centros Sanitarios del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria no existe un capítulo presupuestario específico al que le sean cargados los gastos derivados de la asistencia sanitaria”.
En aquel momento desde el Ejecutivo central tan sólo se afirmó que estos gastos quedaban integrados en los principales capitulos afectados por ello como son el de “funcionamiento normal de la actividad sanitaria como son el Capítulo I de gastos de personal y el Capítulo II de gastos corrientes en bienes y servicios”.
Las respuestas del Gobierno no daban por tanto alguna pista en torno al coste de esta atención sanitaria a las mujeres marroquíes.
Convenio con Marruecos
Otro de los aspectos que remarcó el diputado del PP fue el relativo a la existencia de algún tipo de cobertura aseguradora para estas mujeres y si existía algún tipo de convenio con Marruecos al que estuviera sujeta esa hospitalización.
Sobre este asunto la respuesta es igualmente negativa pues desde el Ejecutivo central se sigue aplicando el criterio humanitario contenido en la Ley sobre Derechos y Deberes de los Extranjeros en España del año 2000, en particular su artículo 12.4, que dispone que “las extranjeras embarazadas que se encuentren en España tendrán derecho a la asistencia sanitaria durante el embarazo, parto y postparto”.
Por otro lado también afirmó el Gobierno central que no hay ningún convenio con Marruecos sobre este tenor, con lo cual todos los gastos hospitalarios corren a cargo de la adminsitración española. Habría pues un impertaivo legal que no tiene en cuenta la especial situación de la ciudad, pues los marroquíes del entorno pueden pasar a la ciudad con su pasaporte, sin necesidad de solicitar un visado, circunstancia que agrava el problema.
De hecho, el porcentaje medio de partos de mujeres marroquíes entre el año 2002 y el 2007 es de un 48 por ciento. Esto supone, según los datos del Gobierno que entre el 1 de enero del 2002 y el final del primer trimestre del 2007 se atendieron 4.382 partos de mujeres marroquíes.
