Guerra: “La clase política se hace la remolona cuando se trata de revisar sus salarios”

El número uno de los upedistas melillenses dice querer acabar conl los privilegios de la clase parlamentaria. En nota de prensa, UPyD mostró ayer su incomprensión ante el silencio de más de siete meses de las mesas Conjuntas del Congreso y del Senado sobre su petición de convocar una reunión urgente para suprimir el sistema de complemento de pensión que las Cámaras facilitan a los parlamentarios con un mínimo de siete años de mandato y establecer la igualdad de Diputados y Senadores con el resto de trabajadores españoles, en relación  a sus prestaciones de seguridad social y desempleo.
El número uno de los upedistas melillenses, Emilio Guerra, comunicó que su líder nacional Rosa Díez, hizo esta petición, por primera vez, el pasado 30 de abril a través de una carta dirigida a las Mesas del Congreso y del Senado en las que les urgía a abordar una reforma de los actuales reglamentos de las Cámaras que instauran “importantes excepciones” a la regla de que todos los españoles deben tener los mismos derechos y obligaciones básicas.
El dirigente upedista dijo que “hay que tomar medidas para establecer la igualdad y eliminar privilegios”, ya que un parlamentario con siete años en el cargo, ya tiene derecho a una pensión máxima, mientras que un trabajador corriente, necesita 35 años de trabajo y haber cotizado por una base muy alta durante los últimos quince años de su vida laboral para percibir la pensión máxima de jubilación.
En este sentido,  Guerra añadió  que un parlamentario español puede jubilarse a partir de los 60 años si reúne los requisitos para la jubilación anticipada y ha cotizado 40 años –con la garantía de cobrar una cuantía equivalente a la pensión máxima, gracias al complemento que le pagan las Cortes–, pero el resto de trabajadores está sometido a reducciones por cada año que adelante la jubilación.  
Además, los parlamentarios tienen la posibilidad de prejubilarse con 55 años con derecho a cobrar un 60 por ciento de la asignación constitucional y manteniendo el alta en la Seguridad Social hasta la edad de jubilación. De esta forma, un parlamentario que nunca haya cotizado a la Seguridad Social hasta adquirir esa condición a los 44 años, y que la abandonara a los 55 años, podría "prejubilarse" con el 60% de la asignación constitucional.