Guerra exige una comisión de investigación tras la sentencia sobre bomberos

El diputado de Coalición por Melilla (CpM), Emilio Guerra, ha solicitado este lunes la creación urgente de una comisión de investigación en la Asamblea de Melilla tras conocerse la sentencia judicial que anula la plaza de una de las aspirantes que logró acceder al cuerpo de Bomberos en la convocatoria de 2017. La resolución, que ya es firme, confirma la existencia de graves irregularidades en el proceso selectivo y ha motivado que la única mujer bombero de la ciudad pierda su puesto.

La sentencia pone en entredicho la transparencia, legalidad y el rigor con que se desarrollaron las pruebas, especialmente la psicotécnica (prueba C), cuestionada por su falta de objetividad. Según el fallo, esta fase del examen presentó defectos graves de forma y fondo, lo que vulneró el principio de igualdad de trato que debe regir en cualquier convocatoria pública. Para CpM, estos hechos no son nuevos ni aislados, sino que forman parte de un patrón de “opacidad institucional” que viene denunciando desde hace años.

“Este caso no puede tratarse como una simple incidencia administrativa. La justicia ha hablado, y lo ha hecho con claridad. Se ha demostrado que el proceso estuvo viciado desde el inicio, con informes técnicos sesgados, puntuaciones dudosas y criterios de evaluación que nunca fueron transparentes”, denuncia Guerra en la nota de prensa difundida por su grupo político.

CpM asegura que desde 2018 ha planteado preguntas, interpelaciones y advertencias al Gobierno local, entonces liderado por el Partido Popular, sobre las múltiples sospechas que rodeaban esta oposición. “La administración persistió, ignorando las denuncias. Y ahora, con una sentencia firme, ha quedado demostrado que lo que decíamos era cierto”, ha recalcado Guerra. En ese sentido, acusa directamente al Ejecutivo del PP de haber amparado un sistema que favorece el clientelismo político por encima del mérito y la capacidad.

Ante esta situación, CpM reclama la puesta en marcha inmediata de una comisión de investigación en la Asamblea de Melilla, en virtud del artículo 41 de su Reglamento, para que se analicen todas las fases del proceso selectivo y se determinen las responsabilidades políticas y administrativas derivadas. Sería la quinta vez que la formación presenta esta solicitud, sin que hasta ahora haya prosperado. “La negativa sistemática del Gobierno Imbroda a permitir esta investigación solo refuerza la necesidad de hacerla”, ha asegurado Guerra.

Además, la formación propone reformas estructurales en los sistemas de selección de personal público, exigiendo nuevos protocolos de transparencia, la obligatoriedad de observadores externos en los tribunales calificadores y mecanismos efectivos de control. “No basta con anular una plaza. Hace falta revisar todos los procesos y garantizar que el acceso al empleo público en Melilla sea limpio, justo y equitativo para todos”, añade el comunicado.

El diputado considera especialmente grave que este caso afecte a una mujer que había logrado acceder a un cuerpo tradicionalmente masculinizado, lo que agrava el impacto social y simbólico de la sentencia. “No solo se ha vulnerado la legalidad, también se ha golpeado la confianza ciudadana y la igualdad de oportunidades”, ha afirmado.

En su valoración, CpM concluye que no se puede seguir permitiendo que la administración pública funcione como “un instrumento de reparto de favores políticos”. La sentencia judicial, insisten, debe marcar un antes y un después. “La ciudadanía merece instituciones que garanticen la igualdad y premien el mérito, no que reproduzcan redes de favoritismo opacas. La pelota está ahora en el tejado del Gobierno local, que debe dar la cara y actuar con responsabilidad”.