La asociación ecologista Guelaya‑Ecologistas en Acción ha presentado una denuncia administrativa ante la Consejería de Medio Ambiente de la Ciudad Autónoma de Melilla (CAM) en la que acusa al Gobierno local de mantener en situación de abandono las infraestructuras hídricas de la ciudad, entre ellas la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR). Según el colectivo, esta dejadez ha provocado vertidos anómalos al mar y a la desembocadura del Río de Oro, incumpliendo la normativa vigente sobre saneamiento y depuración.
El colectivo ha formalizado esta denuncia mediante sede electrónica y ha exigido una inspección inmediata del estado y funcionamiento de la EBAR, cuya deficiencia consideran una amenaza ambiental de primer orden. La organización reclama acceso a los informes de mantenimiento y control de calidad de las aguas residuales del último año, así como documentación que acredite si la CAM ha solicitado mejoras en los Planes Hidrológicos presentados por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
En el contexto de estas críticas, el consejero de Medio Ambiente y Naturaleza, Daniel Ventura, ha señalado que la causa de los vertidos frecuentes es la falta de emisarios adecuados que eviten que las aguas residuales terminen en espacios públicos y naturales cada vez que llueve.
Según Ventura, un plan estatal anterior contemplaba una inversión de hasta diez millones de euros destinados a construir emisarios tanto en el Río de Oro como en la zona de la Hípica, infraestructuras que permitirían derivar las aguas pluviales y residuales directamente hacia alta mar. Sin embargo, esa partida, según asegura, desapareció con la llegada del Gobierno de Pedro Sánchez y no ha sido repuesta en los planes nacionales, por lo que no se ha ejecutado ninguna alternativa real hasta la fecha.
El responsable político ha responsabilizado asimismo al Gobierno central y a organismos como el Ministerio para la Transición Ecológica y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por paralizar inversiones claves para mejorar el sistema de saneamiento local. Ventura ha defendido que la planta depuradora del Río de Oro está obsoleta y necesita ser renovada, y ha instado a que el Estado asuma su responsabilidad en la financiación y ejecución de estas infraestructuras.
Guelaya ha respondido directamente a estas declaraciones, reconociendo que la falta de emisarios y otras obras hidráulicas es un problema grave, pero insistiendo en que la responsabilidad principal del mantenimiento de instalaciones como la EBAR compete a la Ciudad Autónoma conforme a la normativa vigente.
El colectivo afirma que la administración local no ha aprovechado sucesivos planes hidrológicos para plantear las necesidades de inversión y que, pese a las declaraciones públicas reclamando mejoras, no consta que esas peticiones se hayan formalizado por vía administrativa en procedimientos oficiales.
“La Ciudad lleva años mirando hacia otro lado”, señala Guelaya, que critica que no se hayan ejecutado las obras de separación de las redes pluviales y fecales, actuación considerada obligatoria para evitar vertidos directos durante episodios de lluvia. Según la asociación, la persistencia de redes unitarias obsoletas convierte cada lluvia, incluso ligera, en un episodio de vertidos de aguas fecales al río y al mar.
La organización también rebate las insinuaciones de Ventura sobre su presunta falta de imparcialidad. “Nuestra independencia es verificable. Hemos denunciado tanto al Gobierno central como a la Ciudad cuando ha sido necesario”, subrayan en su comunicado, recordando casos en los que han elevado quejas ante otras instancias. Para Guelaya, los ataques institucionales buscan desviar la atención de una "gestión deficiente" y desviar la discusión hacia cuestiones secundarias.
Esta nueva denuncia se enmarca en un contexto de creciente preocupación por la calidad ambiental de las aguas costeras en Melilla. La ciudad, sostienen los ecologistas, sufre vertidos fecales rutinarios debido a la insuficiencia de emisarios y al mal estado del sistema de saneamiento, lo que representa un riesgo para la salud pública y el medio ambiente.
“La ley es clara”, afirma el colectivo. “El Estatuto atribuye a la Ciudad el mantenimiento de las estaciones de bombeo. Intentar politizar nuestra labor para ocultar esta realidad es una falta de respeto a la ciudadanía”. Guelaya ha asegurado que continuará fiscalizando tanto al Gobierno central como a la administración local con el objetivo de proteger el entorno natural y garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental.
