La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha manifestado su rechazo al acuerdo alcanzado entre el Gobierno de España y Junts, por el cual la Generalitat de Cataluña asumirá competencias en la gestión de la inmigración. El pacto, que forma parte de las negociaciones entre ambas partes para garantizar el apoyo parlamentario de la formación independentista al Ejecutivo de Pedro Sánchez, ha sido calificado por la AUGC como un “mercadeo político” que pone en riesgo la seguridad del Estado y la integridad territorial de España.
Según la nota de prensa emitida por la AUGC, el acuerdo implica la cesión a la Generalitat de Cataluña de competencias en el control de puertos, aeropuertos y políticas migratorias, áreas que hasta ahora estaban bajo la supervisión del Gobierno central y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La asociación considera que este cambio supone un “ataque directo al papel de la Guardia Civil en la defensa de las fronteras” y advierte que su implementación podría traer graves consecuencias en términos de seguridad.
Uno de los principales argumentos de la AUGC contra este acuerdo es que la gestión de la inmigración es una competencia exclusiva del Estado, por lo que su transferencia a una administración autonómica “pone en peligro la integridad territorial”. Además, denuncian que esta cesión de responsabilidades responde exclusivamente a intereses políticos y no a un criterio técnico o de mejora del servicio.
“El Gobierno vuelve a actuar de espaldas a los ciudadanos y de los profesionales de la seguridad pública, entregando competencias exclusivas del Estado a la Generalitat a cambio de apoyos parlamentarios”, señala el comunicado de la AUGC. La organización recalca que este tipo de decisiones debilitan la presencia del Estado en Cataluña y facilitan el avance de proyectos políticos que buscan la independencia de la comunidad autónoma.
Además, en la nota de prensa, la AUGC denuncia que este acuerdo es parte de una estrategia más amplia que se viene desarrollando en los últimos años para desmantelar la presencia de la Guardia Civil en Cataluña. En este sentido, recuerdan el traslado de agentes de la Guardia Civil a otras regiones y la reducción progresiva de su papel en la comunidad.
Exigen dimisiones
La AUGC ha señalado directamente a dos miembros del Ejecutivo como responsables de esta situación: el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Defensa, Margarita Robles. Según la asociación, ambos han sido “partícipes directos” en la toma de decisiones que han llevado a este escenario y, por ello, exigen su dimisión inmediata para evitar que se lleve a cabo el traspaso de competencias.
“No deben permitir este atropello a las competencias del Estado ni el desmantelamiento progresivo de la Guardia Civil en diferentes territorios”, declara la AUGC en su comunicado. Añaden que este acuerdo representa un “duro golpe” a los miles de agentes que han dedicado su vida a garantizar la seguridad y la unidad de España.
El malestar por este acuerdo no se limita a la Guardia Civil. Según ha recogido ya este Diario, la Policía Nacional también ha expresado su rechazo a la cesión de competencias en materia de inmigración a la Generalitat. Desde los sindicatos policiales advierten que esta medida puede generar problemas de coordinación y fragmentar la gestión de la seguridad en una cuestión tan delicada como el control migratorio.
La Policía Nacional, al igual que la Guardia Civil, ha desempeñado un papel clave en el control de fronteras, especialmente en momentos de crisis migratorias en el Mediterráneo y en la frontera sur de España. La posibilidad de que la Generalitat asuma estas funciones ha sido recibida con preocupación entre los agentes, que temen que esta medida afecte a la operatividad y eficacia en la gestión de la inmigración.
Silencio del Gobierno
Hasta el momento, el Gobierno de España no ha emitido una respuesta oficial ante las críticas de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Sin embargo, el debate sobre la descentralización de competencias en materia de seguridad sigue generando tensiones entre las fuerzas políticas.
Desde la oposición, partidos como el Partido Popular y Vox han criticado duramente el acuerdo entre el PSOE y Junts, acusando al Ejecutivo de Pedro Sánchez de “poner en venta” las instituciones del Estado para garantizar su permanencia en el poder. En este sentido, han exigido explicaciones al Gobierno y han anunciado que tomarán medidas para frenar la aplicación del acuerdo.
Por otro lado, desde Junts defienden que esta cesión de competencias es un paso más en la consolidación de un modelo de autogobierno más fuerte para Cataluña. Argumentan que la Generalitat tiene la capacidad de gestionar de manera más eficiente la política migratoria en su territorio y que este acuerdo responde a una demanda histórica del independentismo catalán.
Mientras el debate sigue abierto, la AUGC ha asegurado que explorará todas las vías posibles para impedir la aplicación del acuerdo y garantizar que la Guardia Civil siga teniendo un papel central en la seguridad y el control de fronteras en Cataluña. “La seguridad pública no se negocia, la Guardia Civil no se vende y España no está en subasta”, concluye la nota de prensa de la organización.
