La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) exigió este 2 de julio la dimisión inmediata de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y el cese del director adjunto operativo, el teniente general Manuel Llamas, después de confirmarse que el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz les citará como investigados en la causa que instruye sobre la trama vinculada a Leire Díez.
Según AUGC, la gravedad de este paso queda subrayada por un hecho determinante. La petición de imputación no procede únicamente de las acusaciones populares, sino también de la Fiscalía Anticorrupción, que el pasado miércoles presentó su propio escrito solicitando la citación como investigados de ambos responsables. La asociación sostiene que, cuando el Ministerio Fiscal considera que existen indicios suficientes contra la cúpula de la Guardia Civil, ya no cabe hablar de estrategia política.
La instrucción judicial examina, entre otros hechos, las reuniones mantenidas entre la directora general y Leire Díez. En una de ellas, según la asociación, se habría solicitado la rehabilitación de un comandante investigado en el caso Koldo. El escrito también apunta a instrucciones trasladadas a mandos de la UCO para que se mantuvieran de perfil y evitaran ser proactivos en investigaciones con afectación política.
AUGC recuerda que denunció estas maniobras contra la UCO ya en junio de 2025, acudiendo a los tribunales cuando, según afirma, otros callaban. Un año después, subraya, la instrucción judicial alcanza a quienes dirigen el Cuerpo.
Para la asociación, la situación es insostenible. Argumenta que cualquier guardia civil investigado por hechos vinculados al servicio sufre consecuencias inmediatas en su carrera profesional, y que no cabe un doble rasero para la cúpula. A su juicio, la permanencia en el cargo de la directora general y del DAO, investigados por presuntas interferencias en el trabajo de sus propios agentes, es incompatible con el ejercicio del mando y daña la imagen de la institución.
Por ello, AUGC exige la dimisión de la directora del Cuerpo y pide al ministro del Interior el cese inmediato del DAO. La asociación advierte de que, de no producirse estos ceses, valorará todas las acciones legales a su alcance.
