La Guardia Civil destruyó durante el pasado año un total de 86.566 armas, entre las cuales más de 62.000 eran de fuego. El total en Melilla fue de 130, de las que 84 eran armas cortas, 17 largas y el resto, sin especificar en los datos aportados por Interior.
La Guardia Civil destruyó durante el pasado año algo más de 86.500 armas, de las que alrededor de más de 62.000 eran de fuego, y fueron Andalucía y la Comunidad Valenciana las autonomías donde más se inutilizaron, con alrededor de 13.000 en cada caso.
Con motivo del Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego, el instituto armado ha dado a conocer las cifras de unas actuaciones que se enmarcan dentro de la normativa vigente en España y que se suman al Programa de Acción de Naciones Unidas sobre el comercio ilícito de armas pequeñas y ligeras.
Un programa que, según recuerda la Dirección General de la Guardia Civil en un comunicado, tuvo su origen en la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas sobre el Comercio Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras celebrada en Julio de 2001.
En esa conferencia se puso de manifiesto la preocupación por la fabricación, transferencia y circulación ilícitas de armas pequeñas y ligeras y por su acumulación excesiva y proliferación incontrolada en muchas regiones del mundo.
Porque esto "tiene consecuencias humanitarias y socioeconómicas de muy diversa índole y supone una grave amenaza para la paz, la reconciliación, la seguridad, la estabilidad y el desarrollo sostenible en los planos individual, local, nacional, regional e internacional", se subrayaba en la conferencia.
A partir de ese momento, la ONU estableció que cada 9 de julio se celebraría el Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego, con el fin de promover acciones para la eliminación de las de origen ilícito.
La competencia en materia de armas y explosivos que el Estado tiene se materializa por medio de las Intervenciones de Armas y Explosivos de la Guardia Civil, unas unidades que controlan el acceso legal a las armas,
Para ello, el Reglamento vigente establece unos requisitos, cono no tener antecedentes penales o superar pruebas teóricas y prácticas sobre el uso y manejo.
Asimismo, para evitar que un arma pueda ser utilizada indebidamente cuando el titular deje de tener derecho a su tenencia y uso, la normativa establece que sean inutilizadas o destruidas.
La inutilización de un arma está regulada desde 2011 por una normativa "muy severa", de tal modo que es sometida a un proceso que afecta a todas las piezas de la misma y, por tanto, es imposible volver a usarla con plena capacidad de funcionamiento.
Igualmente y de forma periódica, la Guardia Civil lleva a cabo la destrucción de armas de fuego de diversos calibres, así como armas blancas prohibidas.
Algunas de ellas están implicadas en infracciones penales o administrativas y tras el correspondiente procedimiento se determinan su destrucción,
Otras tienen el mismo fin por cesar sus titulares en el derecho a la tenencia y uso y no haber sido adjudicadas en subastas.
Todo ello permite que las armas sean reducidas a chatarra mediante un proceso de fundición o similar.
