El viernes la Policía Nacional informó de la detención en Melilla de 51 personas (otras 28 fueron arrestadas en la península) implicadas en una trama que facilitaba DNI a niños marroquíes nacidos en el Hospital Comarcal, previo pago por parte de las madres de entre 1.500 y 3.000 euros a hombres con nacionalidad española que inscribían en el registro Civil de Melilla, como propios, a los recién nacidos.
A partir de ahí, la madre legalizaba su situación en España y luego se traía a la ciudad al verdadero padre de la criatura.
Era un secreto a voces en Melilla. Todo el mundo hablaba de pisos patera y del trasiego de mujeres embarazadas por la frontera, pero no es hasta ahora que sabemos que hay 117 personas implicadas en esa red fraudulenta, de las cuales 38 siguen aún en busca y captura.
Por lo visto ha sido una investigación compleja en la que participaron 150 agentes de la Policía Nacional. Una cosa es que todo el mundo lo diga y lo comente y otra, muy distinta, reunir pruebas para demostrarlo.
Basta con revisar las estadísticas de natalidad de Melilla en los años anteriores a la pandemia. Tras cerrar la frontera, los nacimientos en el Comarcal se redujeron casi un 30% respecto a 2019, frente al 6,23% que bajó a nivel nacional.
Con estos números en la mano, 79 niños marroquíes con DNI fraudulento parecen pocos, pero al menos es la primera señal de que se ha cortado o se ha intentado cortar esa vía, de la que se hablaba con soltura en Melilla. No se sabía exactamente cómo se hacía, pero lo de los pisos patera y lo de los paritorios atestados en el Comarcal era clamoroso.
Aún no tenemos detalles de quiénes son los detenidos ni sabemos si entre los arrestados hay personas vinculadas a la Administración. En casos similares, destapados en otras comunidades autónomas, la práctica ha demostrado que en este tipo de fraudes suele haber ayuda desde dentro del sistema. Pero en Melilla no se ha dicho nada al respecto. Está por ver.
Llama la atención que contrario a lo que cabría esperar, no ha habido escrúpulos a la hora de aceptar paternidades o dar apellidos a niños a cambio de 1.500 euros. Es un precio de saldo para valores sagrados en nuestro país.
En todo caso hay que felicitar a la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales de la Policía Nacional de Melilla por su trabajo. Cuando parecía que en todas parte hacían la vista gorda, la Ucrif estaba investigando lo que estaba pasando. Ahora hay que habilitar mecanismos para prevenir que este tipo de fraudes vuelvan a repetirse.
