La formación política asegura que el tribunal reconoce que se “violaron” sus derechos como oposición, hecho que niega Cristina Rivas, pues el dictamen no lo recoge así.
El Gobierno local y Populares en Libertad acrecentan su enfrentamiento político a raíz de una sentencia judicial. Según informó ayer el diputado de PPL Julio Liarte, el Contencioso número 1 de Melilla ha reconocido que se “violó” su derecho a la información cuando su formación solicitó las sentencias emitidas contra la Ciudad entre los años 2009 y 2011. Por su parte, la vicepresidenta primera de la Asamblea, Cristina Rivas, aseguró que el dictamen judicial no condena a la Ciudad en los términos que dijo Liarte y le acusó de “mentir y creerse sus propias mentiras”. Añadió que “en ningún momento se le negó ni se conculcó su derecho a la información”.
Liarte sostuvo todo lo contrario, asegurando que el tribunal les da la razón y obliga al presidente de la Ciudad, Juan José Imbroda, a que facilite las sentencias dictadas entre los años 2009 y 2011 de los procesos en los que la Administración local ha intervenido por cualquier tipo de juzgados y tribunales, con indicación de si éstas son firmes o no.
Esta petición, explicó Liarte, se realizó debido a “los hechos muy graves que se están investigando judicialmente sobre la supuesta actuación indebida de la Ciudad en determinados procesos judiciales” y recordó la declaración realizada por uno de los letrados de los Servicios Jurídicos de la Ciudad, quien afirmó que bajo supuestas directrices políticas se habían perdido juicios “a propósito” contra la Administración local.
Tras recibir la negativa de la Asamblea de permitir que PPL tuviera acceso a esas sentencias, según insistió Liarte, se presentó una denuncia en el Contencioso Administrativo de Melilla el pasado mes de diciembre de 2011 al considerar que se había vulnerado derechos fundamentales de la oposición.
El diputado de PPL recordó a la Ciudad que el derecho a la información así como ejercer sus funciones de control al Gobierno es “una obligación” y que hoy día se ha convertido en “una tarea de difícil cumplimiento en una ciudad cuyo Ejecutivo está caracterizado por el oscurantismo y la clandestinidad”.
Liarte manifestó su satisfacción por la resolución de la sentencia, según dijo, porque el tribunal obliga al Gobierno local a aceptar la petición de su grupo parlamentario, pero criticó que hoy día, y también recogido en el nuevo texto del Reglamento de la Asamblea, la tarea de la oposición para controlar la gestión del Ejecutivo de la Ciudad “se ve condicionada, limitada y saboteada”.
En este sentido, criticó que cuando los diputados solicitan cualquier tipo de información, la Ciudad se niega a facilitar una copia, hecho que obliga a la oposición a “personarse y estar durante horas en las oficinas de la CAM, tomando notas de los documentos bajo la vigilancia de un funcionario”.
“Imbroda sigue burlándose de una parte de los ciudadanos de Melilla, que son a los que representa la oposición, en este caso, la formación de Populares en Libertad”, añadió Liarte y criticó que desde la Ciudad Autónoma “únicamente publiquen las sentencias que le benefician y oculten las que le perjudican, como en este caso”.
Rivas: “La sentencia da la razón a ambas partes y no dice que se vulnerara ningún derecho”
La vicepresidenta primera de la Ciudad, Cristina Rivas, acusó ayer a Liarte de “mentir”, pues la resolución judicial “da la razón a ambas partes, no condena al pago de las costas a ninguno ni dice que se vulnerara ningún derecho de la oposición”.
Según la vicepresidenta, PPL pidió las sentencias contra la Ciudad desde el año 2000 hasta hoy día y señaló que “dado el volumen de información al respecto, se le solicitó al diputado Liarte que concretara de qué años quería esas sentencias”. “En ningún momento se le negó acceder a esa información, pero ellos fueron al juzgado”, añadió.
La sentencia, facilitada por Rivas a los medios de comunicación, especifica que los grupos de la oposición, en este caso, Populares en Libertad, podrá tener acceso visual a las sentencias que sean firmes, pero no podrán ver ni obtener copia de las resoluciones judiciales que aún no son firmes.
El fallo señala que “se estima en parte el recurso contencioso–administrativo, procedimiento especial de derecos fundamentales, interpuesto por Julio Liarte Parres contra la resolución de la vicepresidenta primera de la Asamblea de la Ciudad, de fecha 12 de diciembre de 2011, que se anula a excepción de lo relativo a la petición de copias y a la indicación de firmeza de las sentencias, por no ser ajustada a Derecho. Reconociendo al actor como situación jurídica individualizada el acceso a la información requerida en su escrito de 9 de diciembre de 2011, en los términos establecidos en los fundamentos jurídicos de este fallo. Sin imposición expresa de costas a alguna de las partes”.
